El golpismo judicial del sanchismo

La estrategia sanchista es descalificar al juez Peinado por atreverse a investigar las actividades empresariales de la mujer del presidente. Hay unas denuncias que se formularon sin defectos de forma dando paso a una instrucción. En el Estado de Derecho no importa quién las presentó, sino que se ajustaban a lo que establece nuestro ordenamiento. La Audiencia de Madrid autorizó al magistrado para que siguiera adelante en el procedimiento. Por tanto, la reacción del PSOE, el Gobierno y la izquierda mediática es tan extemporánea como esperpéntica. Otra cuestión distinta es la legítima labor que hacen los abogados defendiendo a sus clientes. Lo inusual es que Begoña Gómez cuente con esta colección de fervorosos hooligans aficionados al Derecho en su partido y en la izquierda mediática que solo saben descalificar e insultar. Es la primera vez que sucede, ya que ni vimos ni escuchamos este tipo de reacciones cuando los casos afectaban a dirigentes del PP o miembros de la Familia Real. La prudencia y el respeto de entonces se han convertido ahora en comentarios imprudentes e irrespetuosos. Sánchez debería contener a esta jauría política y mediática porque no favorece su causa y alienta el frentismo.

Me pregunto qué razones podía aducir el juez para archivar una denuncia formulada correctamente y con elementos que era razonable que se investigaran. Paco Camps sufrió una implacable y despiadada cacería utilizando la Justicia para destruirle personal y políticamente. Era inocente. Hay otros casos en los que los afectados eran culpables. En todos ellos había que dejar trabajar a los jueces instructores, pero ahora no se quiere porque Sánchez y su familia deberían tener, entiendo, una inmunidad universal. Ni siquiera pueden ser investigados. En este tipo de asuntos que afectan a cargos públicos o sus familias quiero que sean inocentes, porque afectan a la credibilidad y prestigio de las instituciones. El juez ha decidido interrogar a Sánchez como testigo en su condición de marido y no como presidente del Gobierno. Es una decisión razonable, aunque no le guste al afectado, dentro del procedimiento tras el silencio de Gómez y escuchar a Barrabés. No presupone nada. Es cierto que Sánchez le pidió en 2017 a Rajoy que dimitiera por acudir como testigo. Ni entonces tenía sentido ni lo tiene ahora. En cualquier caso, la obligación de todos es colaborar con la Justicia.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).