Este mes de agosto es particularmente denso en actividad política e informativa, con la noticia centrada en Cataluña a nivel nacional y Venezuela en el plano internacional, una vez clausurados los JJOO de París’2024. Tras la investidura de Salvador Illa como president, tenemos un «govern» monocolor pero otro Tripartito de facto, con ERC y los Comunes como indispensables apoyos parlamentarios para sostenerse. Basta recordar que la mayoría absoluta del Parlament son 68 diputados de los que el PSC aporta 42 y los restantes 26 proceden 20 de ERC por 6 de los Comunes. Es por tanto un auténtico Tripartito político y parlamentario, al que Illa está sometido, como ha quedado de manifiesto en la liturgia de su toma de posesión del cargo y las palabras de su primer discurso como president. No es un dato «meramente» protocolario que la bandera de España estuviera ausente de ese acto institucional, violando la ley que regula su presencia en los edificios públicos y actos oficiales. Y ante todo expresando con ello una absoluta falta de respeto a los españoles, catalanes o no. Lo que quedó acreditado cuando afirmó que su propósito es «unir respetando la pluralidad de Cataluña», pronunciando todo su discurso en catalán, cuando más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña tienen el castellano como lengua materna y es la «lengua española oficial del Estado». Por si esos gestos no fueran suficientes para sus aliados parlamentarios separatistas, habló de la «nación catalana» y de una España «plurinacional» considerando a España como el «espacio político» del que forma parte. Es decir que Cataluña «es una nación» mientras España es un «espacio». Este es el socialista y el socialismo que iba a abrir un tiempo nuevo, enterrando la etapa del procés. El protocolo del acto no es una mera cuestión formal, sino que representa a la institución y los principios y valores que la constituyen, de tal manera que esa toma de posesión solo representó a los catalanes separatistas y a una Generalidad ausente del «espacio político» español. Por lo demás los 16 consejeros de su gobierno confirman otra vez que para los socialistas «el dinero público no es de nadie». Así que pueden seguir creando embajadas y nombrando embajadores para lo que ya ha creado una consejería de Unión Europea y Acción Exterior. Sólo falta que también se dediquen aunque sea tan solo «a tiempo parcial» a mejorar los servicios públicos : la Educación que ocupa un puesto penoso en el informe Pisa, y una Sanidad con listas de espera propias de otros «espacios políticos». Por supuesto, silencio del Concierto «para garantizar la solidaridad interterritorial».