El inquietante legado del sanchismo

La legislatura avanza a golpe de cesiones a los aliados que debilitan al Estado y con un presidente agobiado por los problemas que afectan a su Gobierno, su partido y su familia. A estas alturas creo que existe una convicción generalizada de que conseguirá agotarla y que las elecciones serán en la fecha prevista sin que se vislumbre ningún atisbo de adelanto, ya sea por decisión del propio Sánchez o como consecuencia de que una moción de censura es inviable. Es cierto que la estabilidad es una paradoja y que incluso lo es en mayor medida frente a lo que sucede con algunos de nuestros socios europeos. Estamos ante una de las novedades que ha introducido el líder del PSOE, porque su supervivencia está por delante de cualquier consideración ética o convención democrática. Es un tópico recordar lo que sucede en esos países cuyas democracias han sido utilizadas como modelo al que nos queríamos parecer. Nada de lo que sucede o hace Sánchez tiene parangón en la UE. Otro aspecto es que la lamentable realidad que estamos viviendo comporta la destrucción de dos de las señas de identidad con las que triunfó la moción de censura contra Rajoy y justificó su gobierno de coalición con los comunistas de Pablo Iglesias y ahora de Yolanda Díaz.

Los problemas que afectan a su familia y que le desestabilizan personalmente unidos a los sórdidos escándalos del exministro Ábalos, que fue su más estrecho colaborador y amigo personal, han acabado con sus mensajes de lucha contra la corrupción y defensa del feminismo. A esto hay que añadir un conjunto de actuaciones muy inquietantes como son la brutal ofensiva contra el Poder Judicial, el asalto a las empresas públicas, el insólito anunció de que se adquirirán participaciones en las empresas privadas, el objetivo de controlar y asfixiar los medios de comunicación desafectos, la modificación del consejo de administración de RTVE estableciendo una mayoría abrumadora del PSOE y sus aliados que entra en colisión con lo que sucede en el resto de la UE, la politización del Tribunal Constitucional para convertirlo en un árbitro al servicio del Gobierno, el escándalo del futuro regalo de un nuevo canal de televisión al servicio de los intereses gubernamentales, el despilfarro en el número de asesores y el gasto público, las redes clientelares o el sistemático desprecio a la ley de transparencia y buen gobierno.

Estos son legados incuestionables de esta etapa y que sientan un precedente, ya que cualquier gobierno estará legitimado para asaltar la Administración para convertirla en un instrumento partidista. Por supuesto, cuando Feijóo se convierta en presidente tendrá que apartar a todos aquellos que han sido nombrados en empresas públicas y privadas en función, sobre todo, de su adscripción ideológica. Las mismas normas que ha impuesto o impondrá Sánchez serán instrumentos que podrán ser utilizados con la misma impunidad. Nada impedirá, por ejemplo, que busque un Conde-Pumpido que actúe con absoluto desprecio, como hace el actual presidente del TC, a nuestro ordenamiento constitucional. La izquierda política y mediática no estará legitimada para cuestionar ningún pacto, porque ha aceptado alegremente los acuerdos y cesiones con los independentistas y el blanqueamiento de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Esto es mucho peor que pactar con una formación de derecha radical como es Vox.

Estoy convencido de que Feijóo no hará estas cosas. No le imagino formando un Gobierno lleno de mediocres, salvo alguna excepción, o impulsando un capitalismo de amiguetes. Por supuesto, respetará la independencia del Poder Judicial y no se referirá al futuro Fiscal General del Estado como si fuera un apéndice de La Moncloa. Me sorprendería que aceptara que se atropelle el Estado de Derecho o que impulse una operación para silenciar a los poderosos medios de comunicación de izquierdas. La política de alianzas de Sánchez se sustenta en las cesiones y el oscurantismo, así como en la pretensión de que el PP se sume alegre a estos disparates. Lo sucedido con el perdón de parte de la deuda de Cataluña es una muestra de este estilo. El Gobierno negocia con los independentistas y luego pretende que las comunidades autónomas lo legitimen. Es un comportamiento autoritario que es inaceptable en una democracia. Sánchez ha decidido debilitar la presencia del Estado en Cataluña, el País Vasco y Navarra para garantizar su continuidad en La Moncloa. Es otro de los aspectos más inquietantes de su legado, porque son decisiones irreversibles.

La resistencia a cualquier precio tiene un coste enorme y no me refiero, evidentemente, al económico. En el caso del independentismo catalán, la realidad es que lamina todo lo que se hizo y se dijo para defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No se ha buscado tejer consensos con el partido que ganó las elecciones, sino que se prefiere ceder ante todas las imposiciones de sus aliados sin importar las consecuencias. La próxima será las competencias sobre inmigración. Por supuesto, iremos viendo como los independentistas ganan lo que no consiguieron cuando plantearon su desafío al Estado. Las decisiones unilaterales en política exterior son una quiebra, también, de lo que es habitual en la mayor parte de los países de la UE. Sánchez tiene una agenda radical inspirada en los patrones de la izquierda populista iberoamericana. Al ser un gobierno débil está sometido, además, a los deseos de sus socios comunistas. El legado del sanchismo será muy difícil de modificar. A pesar de ello, España aguantará, Conde-Pumpido no logrará su mutación constitucional, los medios de comunicación resistirán y los jueces no se doblegarán ante La Moncloa, pero el autoritarismo habrá hecho mucho daño a nuestra democracia. Esperemos que Feijóo revierta este conjunto de medidas tan dañinas y no se deje amedrentar por la izquierda mediática.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)