Intervención en los alquileres 

El Banco de España publicó ayer un extenso análisis sobre el cada vez más grave problema de la vivienda en España. El diagnóstico es algo más o menos compartido por todos aquellos con un mínimo conocimiento de la ciencia económica y de la realidad social que los rodea.

A saber: «[Desde 2014], el incremento acumulado de las compraventas se basaría, en buena medida, en el crecimiento demográfico y en la demanda de no residentes. En este contexto, el limitado crecimiento de la oferta de vivienda nueva habría contribuido a sostener el aumento de los precios». Demanda expansiva y oferta estancada generan como resultados precios al alza.

Más controvertido, empero, parecería haber sido el tratamiento que en ese mismo informe propone la entidad. Según publicaron ayer diversos medios de comunicación, «el Banco de España defiende la intervención pública ante el drama del alquiler».

Y acto seguido las redes sociales se hicieron eco de que, incluso un organismo tan «neoliberal» como el Banco de España estaba adelantado por la izquierda a un gobierno, como el de PSOE-Sumar, que se estaba mostrando incapaz de establecer topes nacionales a los precios de los alquileres.

A decir verdad, resultaría llamativo que el Banco de España hubiese abogando por controles sobre los alquileres cuando su nuevo gobernador, el ex ministro José Luis Escrivá, manifestó hace pocas semanas que la evidencia respaldando los controles a los precios de los alquileres era más bien escasa.

Ocurre que, en realidad, el Banco de España no ha propugnado cosa similar a los controles de precios que desean atribuirle algunos medios de comunicación y agitadores sociales. Si vamos al informe de la entidad, podemos encontrar lo siguiente: «La actual rigidez de la oferta de alquiler indicaría la necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y en el diseño de un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados».

Es decir, que la supuesta intervención pública por la que abogaría el Banco de España son medidas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda en el mercado: justo lo opuesto que se lograría con los nefastos precios máximos al alquiler por los que abogan muchos demagogos.