Yo juraría por mi perra Lolita

No tengo previsto ser diputado o senador este siglo, no puedo confirmar que en el siguiente cambie de idea, pero tras la sentencia del Tribunal Constitucional tengo muy claro que juraría por mi perra Lolita, que me merece mucho respeto. Ahora resulta que es constitucional jurar o prometer acatamiento a la Constitución «por la libertad de los presos políticos». No tenía ninguna duda de que la ponencia de Balaguer, cuya profesión, curiosamente, es catedrática de Derecho Constitucional, iría en esa dirección y que Conde-Pumpido impondría su suprema autoridad como legislador positivo y negativo. Ha superado a Kelsen para alumbrar una nueva doctrina como egregio poder del Estado. Por supuesto, ha desbordado a Montesquieu, así como a todos los pensadores que desde la Grecia Clásica estudiaron y desarrollaron, con mayor o menor intensidad, la teoría del equilibrio del poder. Al igual que a Luis XIV se le atribuye la frase apócrifa de que «El Estado soy yo», Conde-Pumpido puede afirmar que la «Constitución soy yo».

Es cierto que el rey francés escribió en 1679 que «el bien del Estado es la gloria del Rey» (Réflexions sur le métier de Roi). Me sirve también para el presidente del TC. No entiendo por qué se permite este cachondeo en los juramentos o promesas de los parlamentarios. Una cosa es que no seamos una democracia militante, que es una chorrada teniendo en cuenta lo que sucede en Ucrania y numerosos países del mundo, y otra muy distinta es que aceptemos los comportamientos indignos de los independentistas, los comunistas y los filoetarras que quieren destruir la Constitución. No puede ser que el bien a preservar sea la estabilidad del Gobierno a costa de hacer cesiones y convertir el TC en una máquina al servicio de sus excentricidades. Los diputados y los senadores deberían acatar con las fórmulas previstas en el Reglamento. Por ello, otra tarea para Núñez Feijóo es emprender las reformas necesarias para que se respeten las instituciones. Están en su derecho a ser independentistas o lo que quieran, pero no se puede aceptar ese activismo asambleario, porque en España no hay presos políticos.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)