Una Justicia bajo el acoso de la izquierda

Tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres agrupaciones de fiscales han convocado oficialmente una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. De la misma se han descolgado las agrupaciones afines a la izquierda en el gobierno como por otra parte cabía prever. No estamos ante la primera vez que se anuncian paros en un colectivo medular del Estado de Derecho, sí, en cambio, que la movilización carezca de límite temporal. Habitualmente, la controversia ha acompañado a estas protestas sobre todo porque el Consejo General del Poder Judicial ha mantenido el principio asentado de que la huelga de los jueces no cuenta con amparo normativo con la legislación en la mano, de lo que disienten los convocantes, por lo que se ha negado a fijar servicios mínimos relacionados con unas prestaciones públicas críticas. Más allá de la polémica, hay que poner el acento en qué circunstancias han empujado a un grupo de personas que no puede catalogarse de irresponsable, caprichoso o pendenciero a adoptar posiciones extremas. Es de justicia, nunca mejor dicho, reconocer que no faltan razones de peso a los jueces y los fiscales que parecen determinados a parar conforme, según su criterio, a un derecho fundamental. La molicie política, el desinterés de los gobernantes, ha castigado con severidad a los representantes de este puntal de la democracia, embarcados en una deriva corrosiva hacia una precarización retributiva y de medios humanos y materiales inasumible si lo que se persigue es que tribunales y juzgados garanticen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la prestación del servicio público de justicia ágil y de calidad. Obviamente, esta degradación del edificio judicial ha sido producto de un proceso de desatención prolongado en el que todos los colores políticos deben asumir su parte alícuota de responsabilidad. Sin embargo, el papel del Gobierno y la mayoría Frankenstein en el estado actual es con mucho principal y doloso. Ninguna administración ha puesto tanto de su parte de manera premeditada y alevosa para que la Justicia no pueda cumplir con sus deberes constitucionales con independencia e imparcialidad. Ninguna ha intervenido el Poder Judicial hasta despojarlo arbitrariamente de competencias que han hurtado a los tribunales de sus relevos y han minado sus capacidades. Ni tampoco ha dispuesto una política de colonización y control de resortes clave del Estado como la Fiscalía y el Constitucional. Ni por supuesto ha utilizado la institucionalidad y el privilegio del consejo de ministros para insultar y atacar la honestidad de los jueces y los fiscales por obrar con integridad como guardianes de la Ley. ¿Acaso puede alguien pensar que grupos con problemáticas dispares como letrados, funcionarios, abogados de oficio, jueces y fiscales han estallado contra el Gobierno por capricho? La Justicia está bajo el acoso de la izquierda, que busca someterla. Su resistencia es un acto de lealtad a la democracia.