La Justicia y su debido respeto

Iniciamos un nuevo año y en lo que se refiere al Poder Judicial comienza con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una ley que cambia radicalmente el modelo de organización de la administración de justicia con una gran repercusión en los ciudadanos, inversamente proporcional al grado de conocimiento de la reforma legal. Algo extraño y no bueno debe estar pasando en España cuando esta reforma, al margen de la valoración que cada uno tenga, pasa inadvertida; desaparecen los partidos judiciales con la creación de los Tribunales de Instancia que reemplazan los juzgados unipersonales integrando los actuales juzgados en una estructura colegiada, y ello con el pretendido fin de potenciar la especialización, unificar criterios y distribuir de manera más eficiente la carga de trabajo entre los jueces. Se establecen las Oficinas de Justicia en los Municipios, transformando los antiguos juzgados de paz, y ello con el fin, ya veremos, de realizar trámites judiciales de manera telemática. Se promueven los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en los ámbitos civil y mercantil, fomentando la negociación y soluciones dialogadas entre las partes sin necesidad de acudir a los tribunales, y en otro orden de cosas la ley establece un procedimiento único para abordar las acciones colectivas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, definiendo las entidades habilitadas para ejercer estas acciones y facilitando una tramitación más ágil y sencilla para los afectados; por último, se impulsa la enésima digitalización y modernización del Registro Civil. Algunos de los aspectos novedosos de la ley obedecen a un tácito consenso alcanzado por "decantamiento" en los últimos años, otras no tanto; en todo caso guste o no, va a requerir un esfuerzo de todos los operadores jurídicos en su desarrollo y aplicación, algo que si el objetivo compartido fuera mejorar el servicio al ciudadano sería más sencillo que si solo nos centramos en el conocido lema «todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío». Todos deberíamos compartir un mismo objetivo: una justicia más moderna, accesible y eficiente, adaptada a las necesidades del siglo XXI. Que nuestro sistema de justicia estaba requerido de una actualización nadie lo puede negar, pero esta reforma ha pasado totalmente inadvertida y tiene mucho que ver con todo lo que está aconteciendo actualmente en los tribunales. La justicia como actividad generadora de hechos, acontecimientos y especialmente resoluciones es tributaria de la actualidad y de los hechos coetáneos a la valoración que se haga, la cual, en gran medida depende de la apreciación que al respecto hagan los medios de comunicación y, en especial, una suerte de personajes que actúan en estos medios, algunos de los cuales, bajo un pretendido y resabiado conocimiento del derecho, pontifican, valoran y, en definitiva, enjuician la labor judicial desde una autoridad de la que carecen, envolviendo la noticia con una pésima y la vez irresponsable opinión, que es más fruto del atrevimiento que de una serena reflexión. Como consecuencia de ello, en ocasiones desde fuentes oficiales, se trasmite a la opinión pública una inexistente instrumentalización política de la justicia y se hacen injustos y débiles juicios de intenciones, lo cual puede conformar una negativa opinión pública de los Tribunales. La justicia estaba necesitada de una profunda reforma, la cual en el futuro podrá ser reexaminada –el consenso político inspirador del Pacto de Estado de 2001 no ha estado presente–, pero en todo caso era necesaria. Esta reforma debería ir acompañada de un respeto institucional hacia la Justicia, así como de una valoración y crítica responsable propia de una sociedad democrática.