La Justicia, otra víctima del sanchismo

La situación crítica de la Justicia ha pasado casi inadvertida en la campaña electoral salvo para que Pedro Sánchez la instrumentalizara y atacara a Alberto Núñez Feijóo por un presunto incumplimiento constitucional en el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este pilar del Estado ha sido especialmente maltratado por la izquierda. Desde su llegada a Moncloa el objetivo ha consistido siempre en su sometimiento para allanar el control de una democracia desactivada al estilo de los regímenes bolivarianos. Esos planes de socialistas, podemitas y demás aliados quedaron meridianamente expuestos con la elección de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Fue el punto de partida de una ambición que ha extendido sus tentáculos por la arquitectura judicial con la disposición de los resortes togados oportunos. El Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Ministerio Público han sido los objetivos de esa pulsión colonizadora de Pedro Sánchez con la incorporación de mayorías afines y elementos de obediencia y activismo probados, como ha quedado de manifiesto tras su acceso a esas tribunas y escalafones del Estado de Derecho. Sin duda, para todo ello, ha contado con la bisoñez o la torpeza del PP, que no ha visto o no ha querido enterarse de lo que está en juego cuando el autoritarismo democrático de la izquierda anda de por medio. Únicamente, el CGPJ ha sido capaz de blindar su autonomía ante las maniobras del Gobierno a un precio cruel. El acoso y derribo desarrollado por el Ejecutivo ha sido el propio de un movimiento despótico. Por menos han sido amenazados por Bruselas países como Polonia o Hungría. Sánchez ha ajustado cuentas de manera alevosa con el órgano de gobierno de los jueces al que ha intervenido en sus funciones clave como los nombramientos hasta condenar a tribunales superiores, especialmente, el Supremo, a una emergencia insólita por la falta de magistrados. Sánchez ha boicoteado el poder judicial porque no ha podido doblegarlo. En realidad, nunca ha pretendido una negociación leal y ponderada con el PP para renovarlo, sino un ordeno y mando. En diciembre el CGPJ cumplirá cinco años en funciones y habrán pasado un presidente y dos interinos. El propósito de Sánchez ha sido tan explícito hasta desoír los demoledores informes sobre el Estado de derecho en España redactados por la Comisión Europea, con el menosprecio a los jueces por parte de los ministros, o las reconvenciones para que se desatascara el Consejo y se dejara en manos de los jueces su elección tal y como sucede en la UE. Sánchez nunca ha mostrado un ápice de interés por despolitizar la justicia, sino todo lo contrario. El suyo ha sido el período más lesivo pare este poder del Estado en la historia de la democracia y no parece que tenga propósito de enmienda. Sin una Justicia independiente, sin una división de poderes real, la democracia es un envoltorio.