La legitimación de los liberticidas etarras

El espectáculo repugnante de los homenajes a los asesinos etarras en el marco de las fiestas populares de los municipios del País Vasco y Navarra, promovidos por las mismas siglas que dieron cobertura política y social a la banda, no sólo supone un atentado a la dignidad de las víctimas, sino una burla humillante para una sociedad como la española que tuvo que librar una batalla cruel, impuesta por una minoría sanguinaria, al tiempo que luchaba por construir una democracia moderna, equiparable a las más avanzadas del mundo y en la que todos sus ciudadanos, con independencia de sus ideas, fueran considerados sujetos de derechos políticos en un espacio de libertad. Ese es el principal mérito de una España que supo sobreponerse a la acción homicida de quienes se consideraban discípulos de unas ideologías que resultaron en la peor tiranía que ha conocido el mundo, la del comunismo, y que llevaron a cabo una campaña de violencia terrorista cuyos fundamentos hay que hallarlos en los modelos de suplantación totalitaria de la voluntad popular. Pero con una diferencia notable, que no conviene hurtar al conocimiento de las nuevas generaciones, y es que la banda etarra nunca desdeñó actuar contra gentes indefensas, hombres, mujeres y niños, desde la acción cobarde del que dispara por la espalda a su víctima desprevenida. Es a esa gentuza, la que asesinó a una mujer embarazada en la penumbra de un garaje o la que disparó en la nuca a un joven maniatado e inerme, a quienes se enaltece en los mismos pueblos y ciudades que fueron escenario de la imposición del terror sobre quienes no tenían otro empeño que vivir en democracia y en libertad. No deja de ser profundamente descorazonador que esa misma sociedad que sin más armas que la ley y con el esfuerzo de unos hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de seguridad que no regatearon el sacrificio, hasta de la vida, cuando le fue requerido, mantenga una actitud de resignado silencio ante la ignominia y el trágala de unos tipos que tratan de rescribir la historia de su derrota sin paliativos a manos de la democracia española. Hay legislación más que suficiente para corregir a quienes promueven la cultura del odio desde los mismos intereses políticos que justificaban el asesinato en masa y la exclusión de quienes pensaban distinto o no estaban dispuestos a dejarse arrebatar su derecho a la libertad. Leyes contra el enaltecimiento del terrorismo, contra la justificación de la xenofobia más primaria y contra la expansión de ideas totalitarias. Ahora bien, hace falta voluntad política para encarar esta anomalía democrática y hacer prevalecer los principios que informan las relaciones políticas y sociales en el mundo occidental. Desafortunadamente, un gobierno que depende del voto de quienes formaron el brazo político de la banda como el que preside en minoría Pedro Sánchez, no parece el más indicado para pelear por la dignidad de todos los españoles.