¿Malversación? ¿qué malversación?

Vaya por delante que una cosa es el bienvenido acuerdo para renovar el CGPJ y otra la preocupante situación institucional. Sin pretender enmendar al tribunal de garantías de nuestro país, tal vez convenga recordar que es eso, un tribunal de garantías y no un tribunal jurisdiccional. El «TC» no instruye causas, ni siquiera el elenco completo de sus componentes son jueces porque ese no es su cometido. Su función primordial es velar por que no se vulnere la constitucionalidad en la aplicación de las leyes. El delito de malversación, perfectamente tipificado en el Código Penal, ha acabado convirtiéndose en todo un escollo para la hoja de ruta política del Partido Socialista, consecuencia inevitable cuando se pretende acabar vendiendo al peso como parte de una negociación política lo que única y exclusivamente compete a los tribunales como únicos investidos para interpretar y aplicar el código penal sin ir mas lejos.

En este sentido, el juicio de los «ERES» se atuvo a todas las garantías constitucionales, desde su arranque pasando por diferentes recursos y hasta la sentencia final, pero esta semana hemos visto confirmada la intención del Tribunal Constitucional presidido con Cándido Conde-Pumpido de utilizar con Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda de la Junta andaluza, el mismo hilo argumental ya empleado con Magdalena Álvarez, ex ministra del Gobierno de la nación y ex consejera de la Junta condenada por prevaricación. El tribunal de garantías cerraría así el circulo preparándose para borrar el delito de malversación también al expresidente andaluz José Antonio Griñán y al resto de condenados por el escándalo de los «ERES», no en vano la vicepresidenta del «TC» Inmaculada Montalbán (condecorada por Griñán en 2012) ya trabaja en ello.

La lectura para la credibilidad de la clase política ante los sufridos ciudadanos es sencillamente demoledora, pero sobre todo pone en solfa la sensación de impunidad con que se actúa cuando se trata de condenados afines al Partido Socialista o directamente socios en potencia a los que hay que entregar toda una ley de amnistía que enmienda al estado de derecho a cambio de unos cuantos votos para mantenerse en el poder. Queda al menos el acuerdo para renovar el Poder Judicial tras una demora que pasará a la historia de la ruindad política, pero el papel del Tribunal Supremo, vilipendiado desde los indultos al golpismo y pasando por la amnistía, sigue clamando por el amparo.