Más allá del "Green-Washing"

Cierto que como lo verde está ahora de moda, ir contra esa tendencia penaliza. De ahí que tengamos empresas que lo son sólo en apariencia, mientras que otras muchas han hecho o están experimentando una transformación sostenible real y espectacular, convencidos sus directivos de que sólo un desarrollo realmente compatible con el medio natural puede ayudar a revertir la situación de deterioro del planeta. Empresas españolas como Iberdrola, Naturgy o Acciona llevan años claramente comprometidas con esos objetivos, y otras como Mercadona, Inditex, Santander, Iberia, Repsol, Endesa, Enagás, Unicaja, Mapfre, Agbar, Coca Cola, Cosentino, PSN, Aqualia, FSC, Capital Energy, El Corte Inglés o Leory Merlin, entre otras muchas, se han colocado también a la cabeza en sostenibilidad real, huyendo claramente del “greenwashing” o “ecoblanqueo”, o sea, esa táctica de marketing utilizada con frecuencia para engañar a los consumidores o a la Administración, haciéndoles creer que un producto o una compañía son respetuosos con el medio ambiente, cuando puede que no lo sean.

Y es que el concepto “verde” lo abarca hoy ya casi todo, de manera que nadie se quiere quedar atrás en la carrera. A veces por convicción y otras por necesidad. La UE está más comprometida que ninguna otra entidad gubernamental y avanza imparable con su versión europea de la Agenda 2030, que anuncia novedades para los próximos meses.

La más sobresaliente viene de la mano de la fiscalidad, resumida en el planteamiento de que “quien contamine más, pagará más”. Estrategia en la que la Unión Europea lleva años trabajando. Justamente ahora, en los meses venideros, va a llegar lo que se viene denominando el "arancel del carbono". El pasado mayo, el Parlamento Europeo aprobó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión (MAFC), que fija los precios en función del carbono que producen los materiales importados. Se trata de un arancel que se calculará de acuerdo con las emisiones de CO2 y está enmarcado como una de las principales medidas para aplicar dentro del Pacto Verde Europeo, tan criticado en las últimas semanas a propósito de la Ley de la Restauración de la Naturaleza. Esta ley de Restauración va a afectar de lleno a sectores primarios como la agricultura, la ganadería, la pesca y mundo rural en general, al eliminar de un plumazo territorio cultivable, reducir bruscamente el número de cabezas de ganado y rebajar en un 50 por ciento de los actuales caladeros.

El ensayo de la fiscalidad verde para las empresas supone un nuevo apretón de tuerca. Comienza con una fase de transición que se extenderá hasta 2026. Durante ese tiempo, las empresas van a tener que informar sobre su huella de carbono total. No se exigirá un mayor pago de impuestos durante esa fase, pero si después. El primer informe deberá ser presentado a finales de enero de 2024. A partir de 2026 se comenzará a cobrar impuestos, y pagarán más los productos que emitan más carbono, según la UE.

Esos son los planes diseñados en Europa, que nada tienen que ver con los que se van a seguir en otras partes del mundo. Porque mientras que la UE pisa firme el acelerador anti-carbono, los BRICS han reaccionado en contra. India, Brasil, China y Rusia (casi el 50 por ciento de la población mundial) no están de acuerdo y protestan porque se penaliza a las empresas que adquieren productos en esos países, aunque no sólo a ellos, sino también a otros como Turquía, Noruega, Reino Unido y Ucrania, que se encontrarían en situación similar respecto de la Unión.

Seguro que habrá protestas. Ya las hay, de hecho. Existe una corriente de pensamiento crítica, tanto en la UE como a nivel global, que cuestiona las medidas anti-carbono bajo el argumento base de que el proyecto “net-zero” o “carbono-cero” defendido por la Agenda Verde…