La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha zanjado esta semana de forma definitiva cualquier sombra de duda, y había ya pocas, sobre la interpretación que durante los últimos meses han hecho las audiencias provinciales para rebajar penas a, se dice pronto, más de mil de agresores sexuales, en virtud de la errónea y chapucera ley del «sólo sí es sí». De esa forma, contradiciendo una petición de la Fiscalía, el Supremo ha ratificado finalmente, y por desgracia, que nada puede frenar los beneficios a los violadores, porque nada puede evitar que se aplique una norma emanada de un parlamento democrático, aunque esté mal elaborada, pésimamente redactada y terriblemente regulada, incluida la falta de atención a todos los órganos consultivos, expertos, oposición política e incluso una parte muy importante de la opinión pública y publicada de este país. Al final, el coladero de condonaciones y excarcelaciones de las penas y los criminales más aberrantes ha beneficiado a un tercio de los delincuentes sexuales condenados en España y el Supremo no ha tenido más remedio que asestar un varapalo jurídico a los promotores de una norma que pasará a los anales legales como una de las mayores torpezas legislativas de la historia del derecho, coronada además con uno de los mayores ataques producidos desde un Gobierno al poder judicial, con varios de sus miembros tildando de machistas a todos los jueces españoles. Además de la decisión del Supremo, esta semana se ha sabido que la directiva sobre violencia contra las mujeres de la Comisión Europea, que quiere fijar la pena mínima por violaciones en ocho años de prisión, entre otros aspectos que se quieren homologar para todos los estados miembros, va a ser aprobada este mismo mes por el Parlamento Europeo, lo que cerrará el paso a que se puedan aprobar normas estatales como la del «sólo sí es sí». Dos varapalos al Gobierno, de Europa y de los tribunales, que cierran el debate sobre una norma que nunca debió ser aprobada y que ha causado un enorme daño jurídico, ha reabierto heridas a muchas víctimas y generado una gran alarma social. La norma, que se aprobó en medio de una gran alharaca propagandística, no solo no ha sido un paso de gigante para defender a las mujeres, sino que ha supuesto un retroceso para ellas y para la imagen de España. Cuando el Ejecutivo rectificó la norma lo hizo solo una parte del mismo, con la otra defendiendo lo indefendible, y sin agradecer como es debido a las fuerzas políticas que de forma generosa y responsable se ofrecieron a ayudar para arreglar el desaguisado. Es uno de los asuntos más graves de una legislatura llena de episodios negativos y también una metáfora enorme de lo que han sido estos años de Gobierno, en los que aspectos como la división de poderes, la calidad normativa y el diálogo inter ideológico han sido pasados por alto en beneficio del sectarismo, la propaganda y las estrategias de polarización e ingeniería social. Durante estos años oscuros hemos tenido dos baluartes en las instituciones europeas y en el poder judicial, pero España necesita contar también con un Gobierno que defienda al Estado y el interés general de los españoles, reparando el daño causado y restableciendo la institucionalidad y constitucionalidad perdidas. Se han indultado graves delitos contra el orden constitucional, se han acordado leyes con los herederos de ETA, se ha gobernado de la mano del peor comunismo europeo, no va más, resulta imposible imaginar un contexto más inmoral. ¡Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto!