Obstruir al juez es la política oficial

Este periódico adelanta hoy en exclusiva que Koldo García, mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos y estrecho colaborador de Pedro Sánchez en momentos claves de su biografía política, se encargó de borrar su móvil en marzo de 2019. Lo demuestra un correo interno del Ministerio de Transportes, que certifica que se preocupó de formatear por completo su terminal en fechas que coincidían en el tiempo con los presuntos amaños de contratos de obras millonarias de este departamento, así como también con los primeros pagos del alquiler del piso de lujo de Jesica Rodríguez en Madrid. Es obvio que Koldo García intuyó que el contenido de su teléfono podría suponer problemas en el futuro y que en todo caso siempre sería mejor prevenir que curar. El dato, suficientemente significativo sobre el personaje, sus actividades y sus intenciones, es importante en cuanto a un caso concreto y un modus operandi personal. La cuestión dispara el interés y la relevancia desde el momento en que la «limpieza» de todo rastro no constituye una excepción, sino que emerge como un patrón en las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en todos los capítulos de corrupción vinculados de una u otra manera al sanchismo. Existe una pauta que vertebra tanto la causa contra el hermano del presidente, David Sánchez, por presunta corrupción en la Diputación de Badajoz, como en la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de la filtración del novio de Isabel Díaz Ayuso, y, como sabemos ahora con la información de nuestro periódico, el «caso Koldo» o «Ábalos». En todos ellos hubo el borrado masivo de correos y mensajes y el formateo de dispositivos móviles antes y una vez iniciadas las indagaciones en los juzgados. En el caso de la Diputación de Badajoz varios altos cargos eliminaron emails justo antes de la entrada de la Guardia Civil en el marco de la investigación por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En el procedimiento sobre la revelación de información confidencial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, además del propio fiscal general, al menos otros cinco miembros de su equipo se ocuparon de hacer desaparecer toda huella de sus comunicaciones. No se quedó ahí. Según denunció la propia oposición y no se desmintió en su día, Pedro Sánchez cambió su móvil y su número por motivos de seguridad días después de que el fiscal general del Estado lo hiciera con el suyo, al igual que algún otro ministro. La eliminación sistemática de información electrónica en asuntos bajo el foco judicial nunca persigue la colaboración con el tribunal. Y como la explicación más sencilla suele ser la correcta, parece un método recurrente para encubrir posibles delitos. En el sanchismo no ha habido la más mínima colaboración con la justicia, sino al contrario. El obstruccionismo ha sido y es la norma.