La ortodoxia fiscal marcará el rumbo del futuro Gobierno

Aunque el endurecimiento de las reglas fiscales era algo que se veía venir en Europa después de tres años de manga ancha para hacer frente a las secuelas económicas de la pandemia de covid, los detractores de la ortodoxia en las cuentas públicas ya empiezan a avisar de que plantearán dura batalla si los controles se acentúan. El borrador para la reforma de dichas reglas dirigido al Ecofin no gusta a los defensores del uso de la deuda para reactivar la actividad, que aluden al parón que produjo lo que catalogan como «austericidio» tras la anterior crisis financiera desatada en 2008. De momento, el borrador da pinceladas en esta dirección, al trazar las líneas rojas que no deben superar los estados en materia de déficit –el 3% del PIB–, y de deuda –el 60%–. Sin embargo, tampoco cierra la puerta a exenciones en casos excepcionales y sobrevenidos, ni a excluir las inversiones verdes o incluso defensivas del cómputo de los cálculos, en un momento además de fuerte desventaja competitiva tecnológica de Europa con respecto a Estados Unidos y China, lo que abriría una espita para incrementos del gasto en algunas áreas concretas. Al hilo del documento, vuelven pues a perfilarse las dos posturas que estuvieron en pugna durante el movimiento sísmico desatado por la quiebra de Lehman Brothers, y que a nivel de los países estuvieron encarnadas en Alemania y los estados del norte –los llamados «halcones»–, frente a los manirrotos estados del Sur –las «palomas»– entre los que figura España. La historia parece «cíclica», como decía Nietzsche. Un eterno retorno al más puro estilo de Schopenhauer, encarnado en la marcha de la economía.

¿Debe tenderse al equilibrio presupuestario en previsión de nuevas turbulencias financieras que encarezcan aún más el precio de la deuda y obliguen a subsiguientes ajustes en servicios esenciales como sucedió durante la anterior crisis? ¿Debe preocuparnos el elevado nivel de endeudamiento que soportan los estados en la actualidad con relación a dicha crisis? ¿Es de recibo que los países gasten de forma sistemática más de lo que ingresan sin prever las posibles consecuencias? ¿No es preferible acaso mantener elevado el nivel de gasto a costa de desajustes más elevados en el déficit para insuflar aire extra a la economía, en un contexto además de contracción de la demanda por la subida de los tipos de interés al finalizar los bancos centrales su política de manguerazo? ¿No habría acaso que buscar alternativas para evitar que sean siempre los mismos los que paguen los abruptos giros hacia la austeridad por la vía de los recortes? Esta pugna dialéctica, que volverá a estar en boga, no es baladí para los ciudadanos de a pie, porque la elección de uno u otro modelo determinará muy mucho su forma de vida a lo largo de los próximos años. En España, cobrará auge de nuevo a partir del próximo ejercicio, una vez superados los fastos electorales de 2023, y marcarán también la acción del Gobierno que salga finalmente vencedor en las urnas. Aunque se aprueben vías excepcionales para que los estados puedan saltarse las reglas fiscales, las líneas rojas del borrador no experimentarán, en principio, alteraciones sustanciales, lo que limitará el margen de maniobra de los futuros ocupantes de Moncloa y, con ello, lo que suceda en educación, sanidad y dependencia, y en materia de pensiones. Está escrito que la reforma de Escrivá nace para ser cambiada.