¿Es posible renovar el CGPJ?

La respuesta es sencilla. Es posible siempre que Sánchez acepte que sea un órgano independiente. No puedo asumir que conseguir este objetivo sea una quimera. La experiencia con Dolores Delgado en la Fiscalía General y de Conde-Pumpido en el Constitucional, por citar algunos ejemplos, genera una lógica desconfianza teniendo en cuenta que es, además, el primer presidente del Gobierno que defiende la mentira como forma de gestionar los asuntos públicos. Lo normal, siguiendo el criterio de sus socios preferentes, es que sea legítimo dudar de su palabra cuando nunca se sabe si miente o dice la verdad. Es un dato objetivo que ni siquiera puede rebatir o cuestionar la horda de fervorosos sanchistas que inunda los medios de comunicación. A Pérez Royo, Galindo o Martín Pallín, entre otros, les parece constitucional todo aquello que decide la «lawesfera» de Sánchez. No se esconden e incluso tengo que reconocer que son buenos discípulos capaces de hilvanar argumentos que son tan confusos como inconsistentes.

Tras afirmar la propia proposición de ley que la amnistía es constitucional y sumarse Galindo con un pintoresco informe contrario a la opinión de los letrados con mayor experiencia y trayectoria, las escuálidas huestes lideradas por Pérez Royo se han visto incrementadas por personajes ansiosos de complacer al sanchismo e inquietos por una futura llegada, dicho irónicamente, de la ultraderecha y la derecha extrema. El pesebre público, como sucede en los órganos constitucionales, las subvenciones y los proyectos de investigación, sirve para agudizar el ingenio de los leguleyos de izquierdas. Mis padres me enseñaron que nada es gratis. He aprendido que en mayor medida entre los profesores de izquierdas que apoyan al poder. La renovación del CGPJ es posible si se regresa al espíritu de la Constitución y se asume la separación de poderes. No les iría mal a los seguidores del sanchismo leer la Exposición de Motivos de la LOPJ y tener muy presentes los artículos 1 y 117.1 CE. Al final, todo se reduce a que los jueces y magistrados sean «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Por ello, es necesario que el CGPJ sea independiente y no al servicio del Gobierno y sus aliados.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UINE).