El programa reformista que necesita España

El Partido Popular ganó las elecciones generales. Obtuvo el 33% del voto y 137 diputados. Triunfó en 40 de las 52 provincias, 14 de las 17 Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. En mayo, el PP cosechó una victoria aplastante en las elecciones municipales y autonómicas. Gobierna en 12 Comunidades Autónomas, Ceuta, Melilla y 30 capitales de provincia. Amplió su mayoría absoluta en el Senado. En cualquier otro país europeo, un partido con tales mayorías recibiría un apoyo explícito (votos favorables) o implícito (abstención) de otras fuerzas y podría formar gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consiguió en su intento de investidura el respaldo de 172 diputados: 137 del PP, 33 de Vox y uno de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, respectivamente.

Pero el radicalizado PSOE de la era post-Felipe González considera que el PP es un enemigo. Pedro Sánchez anunció inmediatamente después del 23-J que su único camino era buscar una segunda coalición con la extrema izquierda (Sumar), en este caso con el apoyo de los 25 diputados de cinco partidos cuyo objetivo es la independencia de las comunidades autónomas históricas de España. Cinco de las siete formaciones que han respaldado a Sánchez en la investidura encajaron descensos sustanciales de votos. Feijóo y el PP han luchado a ultranza en los últimos tres meses. Prometieron que no incorporarían a miembros de Vox en el gabinete. Ofrecieron al PNV apoyo parlamentario después de las próximas elecciones en el País Vasco. Pero el liderazgo actual del PSOE tiene una visión sectaria de España: un partido que no pertenezca a su bloque de izquierdas es un enemigo al cuál hay que desgastar. En toda Europa, el centro izquierda forma coaliciones u ofrece sostén parlamentario al centro derecha, o viceversa. Pero en España dicha práctica habitual no ha sucedido nunca desde la recuperación de nuestra democracia.

El sectarismo de Sánchez explica que esté dispuesto a ser investido con los votos de cinco partidos cuya razón de ser es acabar con la Constitución de 1978. Todos los socios de Sánchez boicotearon el juramento a la Constitución de la infanta Leonor. EH Bildu, ERC y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) además elaboraron un manifiesto achacando todo tipo de maldades a la monarquía y Constitución.

Pedro Sánchez ha cedido a las exigencias de ERC y Junts: una ley de amnistía, cesión de más tributos y estudiar otro referéndum, todo bajo mediación internacional. Como ha hecho la izquierda radical y el independentismo, los partidos moderados deben emplear los presupuestos de CC.AA donde gobiernan para informar sobre la grave crisis en la que Sánchez está sumiendo a nuestro país. También hay que organizar más movilizaciones. De lo contrario, los radicales se van creciendo. Pero el centro derecha también debe diagnosticar los principales retos a los que se enfrenta España y ofrecer medidas concretas. La mayoría de españoles quiere buenos gestores moderados.

Hay que reformar nuestra economía e instituciones. Ha repuntado el desempleo en los últimos dos meses. Con un 11,8% de paro, España se sitúa en último lugar de la UE. La tasa de participación laboral es de únicamente un 59%. El Banco de España prevé que descenderá al 55% en 2030. La tasa de participación laboral femenina es sólo del 54%, un ascenso mínimo respecto al 52% en 2017.

Necesitamos deducciones fiscales destinadas a las PYMES para fomentar empleo más estable. Otras que beneficien a inmobiliarias pequeñas y jóvenes para construir viviendas asequibles. Luchar contra la economía sumergida mediante los inspectores laborales. Cooperar con nuestros socios europeos y del norte de África para conectar nuestra red eléctrica con la de nuestros vecinos. Seguir apostando por el gas natural y las centrales nucleares como puente indispensable hacia la deseada descarbonización de nuestra economía. Las administraciones públicas deben forjar partenariados con el sector privado para construir más plantas de regasificación de gas natural licuado.

Necesitamos más inversión en sectores punta como la biotecnología, biomedicina, nanotecnología, logística e Inteligencia Artificial. Parar la lucha contra el vehículo privado con absurdas y contradictorias zonas de bajas emisiones. Eliminar los festivos locales y fomentar jornadas laborales más cortas y productivas. Armonización de las normativas y de la fiscalidad de las CC.AA. Hay que lograr dichos objetivos sin crear más burocracia ni aumentar el déficit público. Debemos aumentar la fiscalidad a las grandes fortunas, con especial atención a los residentes no comunitarios. Deberían eliminarse las competencias y presupuestos de las diputaciones. Pero Sánchez y sus socios soberanistas son incapaces de acometer un plan de reformas. A duras penas se entenderán entre ellos.