¿Prosperidad compartida de Gibraltar?

En la nota conjunta emitida por los ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido sobre el acuerdo político de Gibraltar se proclama reiteradamente que «el principal objetivo del futuro acuerdo es garantizar la prosperidad futura de toda la región (…) promoviendo una prosperidad compartida».

El ministro José Manuel Albares ha repetido esta fórmula hasta la saciedad, si bien no se han publicado informes que analicen en profundidad esta cuestión. Sin embargo, el líder gibraltareño, Fabián Picardo, ha sido contundente ante su opinión pública: «protegemos la soberanía y la economía de Gibraltar». En términos similares, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, declaró en Westminster que el acuerdo era necesario, pues, de no alcanzarse, «podría haber costado cientos de millones de libras al año y puesto en peligro la economía del territorio, trasladando finalmente la carga al contribuyente británico».

Mientras España insiste en la retórica de la «prosperidad compartida», el discurso británico y gibraltareño -cuando se dirigen a sus respectivos públicos- se centra en la salvaguarda del régimen económico y fiscal del Peñón, que redunda exclusivamente en beneficio de Gibraltar y del Reino Unido.

La prosperidad de Gibraltar -construida sobre un régimen fiscal ventajoso, una cómoda dependencia británica y un tránsito fluido por la Verja- no parece destinada a ser «compartida». La colonia aspira, más bien, a preservar ese modelo económico, sin asumir compromisos estructurales que afecten a su bienestar. La realidad geográfica y demográfica de Gibraltar -uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo- impide ofrecer una calidad de vida satisfactoria a buena parte de su población, especialmente a quienes poseen rentas elevadas, que aspiran expandirse por el entorno inmediato y la Costa del Sol.

España no necesita a Gibraltar para garantizar su desarrollo económico. Gibraltar sí necesita a España: tanto como espacio de desahogo territorial y residencial, como en su dependencia del trabajo transfronterizo español, esencial para mantener su alto nivel de vida.

Una restricción del tránsito en la Verja supondría un colapso económico para el Peñón. Sin embargo, pese a que el Reino Unido ha sido sistemáticamente incumplidor del Derecho Internacional respecto de Gibraltar -empezando por la abusiva e ilegítima ocupación del istmo-, España ha optado por abandonar su histórica reivindicación territorial y asumir un papel colaborador facilitando, todavía más, el crecimiento económico de la colonia.

El concepto de «prosperidad compartida» (shared prosperity) proviene de la economía del desarrollo. Fue promovido por organismos internacionales, como el Banco Mundial, con el objetivo de fomentar un crecimiento económico más equitativo. Sin embargo, parte de la doctrina especializada la considera una expresión ambigua, de escasa concreción y valor operativo limitado, que se emplea a menudo como fórmula retórica para eludir reformas estructurales profundas.

Aplicado a Gibraltar, el término resulta vacuo, posiblemente falaz, y seguramente inalcanzable. No obstante, ha sido utilizado, sin justificación alguna, para apoyar un acuerdo que, en realidad, institucionaliza profundas asimetrías estructurales, como la desigualdad fiscal, la falta de competencia regulatoria, la divergencia normativa jurídica e institucional y una clara situación de competencia desleal.

Nada en el borrador de acuerdo garantiza una mejora sustantiva o proporcional para España. Por el contrario, los perjuicios son evidentes. Numerosos expertos han advertido que la presencia de un paraíso fiscal empobrece a las regiones circundantes, al absorber inversión y beneficios empresariales sin redistribuir riqueza en su entorno. Resulta ilusorio hablar de «prosperidad compartida» entre una región con alta tributación, regulada por los estándares europeos, y un territorio extracomunitario, caracterizado por una baja presión fiscal y una escasa regulación.

Además, la balanza es manifiestamente asimétrica: Gibraltar obtendría acceso funcional a un mercado de más de 350 millones de personas, mientras que las empresas españolas apenas logran acceso a un pequeño territorio de unos 30.000 habitantes. Los gibraltareños obtendrían libre circulación en la Unión Europea, mientras que ningún incentivo se ofrece a los españoles, que difícilmente encontrarán atractivo en la Roca.

Asimismo, la UE impone a España exigencias estrictas en materia laboral, medioambiental, financiera y de seguridad. Gibraltar, en cambio, sigue practicando actividades apenas reguladas, como el bunkering -suministro de combustible en alta mar-, que constituye un riesgo ambiental directo para la costa española. El puerto extracomunitario de Gibraltar se ha convertido en una competencia directa y desleal para el puerto de Algeciras, según han advertido representantes del sector. Ejemplos de este tipo se multiplican sin que el acuerdo proyectado contenga cláusulas que mitiguen o corrijan tales desequilibrios. Más bien, los consolida en beneficio de Gibraltar. Hablar de «prosperidad compartida» en este contexto no es más que una fórmula retórica hueca que oculta una realidad profundamente desigual. Lejos de alcanzar una reciprocidad real, el acuerdo proyectado refuerza un modelo desequilibrado que beneficia de forma significativa a Gibraltar en detrimento de los intereses económicos y estratégicos de España.

Tomás Torres Perales Comandante de Caballería y abogado. Academia de Ciencias y Artes Militares