Lo que cura el olvido

Ha pasado sin hacerse notar, más que desapercibido, completamente velado por los desvelos de Igualdad y su crítica ley del sí es sí, en medio de la tormenta perfecta gubernamental, un anuncio que como de pasada soltó la diputada socialista Ana Prieto en un foro sobre cáncer esta semana en el Congreso. Por fin un partido político se toma en serio algo tan grave, tan doloroso para cientos de miles de personas en España como el derecho al olvido oncológico. ¿Qué es eso, se preguntará y me preguntará usted curioso lector o lectora? Pues algo tan sencillo como acabar de una vez con la inaceptable discriminación que sufren los pacientes y supervivientes de cáncer a la hora de hacerse un seguro, pedir una hipoteca o hasta conseguir un trabajo.

Tener cáncer es una putada. Haberlo tenido aumenta la bola de la desgracia si quien tiene que ofrecerte un servicio tuerce el gesto o te lo niega –nunca abiertamente, nunca de frente– por el mero hecho de haber pasado por ese calvario. La reserva puede ser comprensible, por el temor a que no se cumplan los compromisos o el servicio sea demasiado gravoso. A ver si vas a tener cáncer otra vez y voy a tener que invertir en tu curación o te vas a morir y no vas a poder pagarme. Esa es la tesis. Y resulta tan perfectamente estúpida e insolvente como culpar a alguien de su propio mal o estimar que si te caes una vez te vas a estar cayendo constantemente.

En España hay más de dos millones de supervivientes de cáncer. En toda la Unión Europea, doce millones. El Plan Europeo de Lucha contra el cáncer determinó el pasado año fijar criterios claros en una directiva contra la discriminación que evitara la que sufren quienes pasan o han pasado por la enfermedad. Pide por tanto Europa que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores. Varios países europeos lo han convertido ya en ley. Pero España aún lo tiene pendiente. Existe desde 2018 una legislación que ampara el derecho al olvido de los pacientes de SIDA, pero el ordenamiento jurídico español aún no protege el derecho de otros pacientes a no ser discriminados en el acceso a la contratación, a los créditos o a los seguros.

Eso debería cambiar y parece que puede empezar a hacerlo.

La proposición no de Ley del Partido Socialista resuelve el problema o al menos lo busca. Y hay que saludarlo. Destacarlo, además, en este tiempo de zozobra y desaliento, de disputa y posiciones dogmáticas, en el que las trincheras se van trazando y haciendo más profundas a medida que nos acercamos a citas con las urnas.

En el acto en el que la diputada socialista hizo el anuncio ningún otro partido tomó el testigo –no lo esperaban, claro, no estaba en el guion– pero bueno sería que al menos en este asunto fueran capaces de entenderse, de acordar. No diré que de olvidar sus diferencias y pensar en el corto plazo, no pido imposibles. Pero sí que en algún momento les pase por la cabeza el hecho incontestable de que mañana pueden ser ellos quienes sufran la discriminación, si es que no la han padecido ya.