El bisturí
Sánchez vuelve a la carga contra Ayuso con la sanidad
En los últimos días se han producido dos decisiones para debilitar a la Comunidad de Madrid
Además de realizar toda suerte de concesiones a los independentistas catalanes y vascos –esperen a que pasen las elecciones gallegas para comprobar de lo que es capaz–, el Gobierno mantiene entre sus estrategias para perpetuarse en el poder los ataques constantes a Madrid. Inasequibles al desaliento y perseverantes hasta límites insospechados pese a haber pinchado siempre en hueso, Sánchez y sus corifeos decidieron poner pronto en la diana a Isabel Díaz Ayuso, la mosca cajonera a la que el socialcomunismo ha sido incapaz de atrapar, porque si cae ella, lo hace la comunidad y la autopista de La Moncloa se libera de obstáculos que incordian a sus radicales inquilinos. Los frentes elegidos para doblegar a la lideresa regional son múltiples y abarcan desde desconexiones eléctricas hasta «impuestazos», pasando por algaradas en las calles en defensa de la sanidad pública jaleadas por actores que acuden luego a la privada para curarse sus enfermedades, las averías constantes de las Cercanías y la deslocalización de centros de poder aunque ello dispare el gasto público.
En los últimos días se han producido en Sanidad dos de estos movimientos tendentes a debilitar a la comunidad de forma sibilina y, por supuesto, arbitraria. La futura Agencia de Salud Pública que se ha empezado a gestar cuatro años después de estallar la pandemia –algo que lo dice todo de la indolencia de este Gobierno, que no es capaz de anticiparse siquiera a un pico de gripe y que sigue yendo siempre por detrás de la curva, como dice Miguel Sebastián– no se ubicará en Madrid, sino que será otra la provincia elegida, aunque ello suponga desmantelar una parte del depauperado Ministerio de Sanidad y forzar el traslado de funcionarios.
Tampoco la capital contará apenas con futuros centros integrales del cáncer, unos dispositivos cuya constitución emana de la Unión Europea. El resumen de tamaña aberración es el siguiente: el Gobierno socialcomunista decidió encomendar a un órgano catalán que no tiene competencias sanitarias en España –el Instituto Catalán de Oncología– la selección de estos centros entre los servicios de oncología de los hospitales del país. Resulta que Madrid atiende a alrededor del 40% de los pacientes españoles y cuenta con unidades verdaderamente punteras en investigación, ensayos clínicos y asistencia. Algunas, a la vanguardia europea en este particular campo de la Medicina. Pues bien, Sanidad y el órgano decisor que eligió para tal fin han seleccionado La Paz, pero han dejado fuera a centros como el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro o la Jiménez Díaz para «desolocalizar» la ubicación de estos dispositivos. Todo ello mediante un proceso opaco. Se desconocen los aspectos evaluados, las notas obtenidas en cada uno de ellos y los criterios que se han seguido para la elección. Tampoco hay posibilidad de alegaciones. Cómo habrá sido de irregular todo el proceso que un gran número de jefes de servicio de Oncología de todo el país, no sólo de Madrid, no han dudado en poner el grito en el cielo con una carta que no tiene desperdicio, adelantada por LA RAZÓN. El resultado es que bajo una supuesta bandera de la equidad territorial, el Gobierno ha vuelto a castigar a Madrid por su férrea oposición al régimen sanchista-comunista. De esto, no pían los actores ni dice ahora nada Ana Belén, la cantante que enmudeció cuando España se asomó a la quiebra por culpa de los gobernantes socialistas a los que tanto jaleaba en la anterior crisis financiera.
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