En manos de monseñor Oliver

La larga mano del Vaticano para imponer la «tolerancia cero» en los casos de abusos sexuales a menores cometidos por eclesiásticos no ha hecho más que su primera aparición en el doloroso caso de Granada. La intervención de la Santa Sede va a ir mucho más allá de las dos llamadas telefónicas del Papa realizadas al joven del que supuestamente abusaron los tres sacerdotes y el laico arrestados ayer. El proceso canónico que se abrirá para aclarar responsabilidades y aplicar eventuales penas va a estar marcado por las decisiones tomadas en los últimos años por Bergoglio y por su antecesor, Benedicto XVI, para evitar que se eternicen los casos y garantizar que se haga justicia, castigando a los culpables y restañando las heridas de las víctimas.

Una vez concluida la investigación previa en la archidiócesis de Granada y la Santa Sede decida si el juicio se realiza en el Tribunal Eclesiástico de esta ciudad o en otra sede judicial, para garantizar así una mayor independencia del proceso, las partes deberán seguir las normas para estos casos establecidas por Benedicto XVI. Fue él quien decidió concentrar todo el procedimiento legal y administrativo en los casos de abusos en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Para llevar a la práctica la premisa de «tolerancia cero», el anterior Pontífice eligió a un personaje tan respetado como el maltés Charles Scicluna, a quien se conocía como «el mastín antiabusos». Tras su nombramiento como arzobispo auxiliar de Malta hace dos años, fue sustituido por el estadounidense Robert Oliver.

Será monseñor Oliver por su responsabilidad como promotor de justicia (fiscal) de la Congregación para la Doctrina de la Fe quien revisará el proceso de Granada y se encargará de realizar eventuales apelaciones. Si éstas llegaran, ya no serán tratadas en las reuniones ordinarias mensuales de esta dicasterio, las llamadas «Feria IV», habitualmente atascadas por el exceso de trabajo, lo que provoca que los procesos se eternicen. El pasado 11 de noviembre Francisco decidió aligerar los tiempos al crear un organismo dentro del antiguo tribunal del Santo Oficio para tratar en exclusiva los llamados «delicta graviora», los delitos más graves que pueden cometer los eclesiásticos, entre los que se encuentran los abusos.

Formado por siete miembros, todos cardenales u obispos y que pueden pertenecer a la Congregación para la Doctrina de la Fe o desempeñar su labor de manera externa, este grupo de trabajo nació por «la cantidad de recursos y a la necesidad de garantizar un examen más rápido de los mismos», según explicó el secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin. Aún no se ha hecho público el nombre de los miembros de este colegio de prelados, quienes se encargarían de dar la última palabra en el caso de abusos de Granada en caso de una eventual apelación en el proceso.