El Gobierno empieza a vacunar a los presos, mientras uno de cada cuatro funcionarios aún no ha recibido ni una dosis

“Los centros penitenciarios de toda España han iniciado ya la vacunación de la población reclusa, pese a que cerca de 7.000 funcionarios (una cuarta parte de la plantilla) aún no ha recibido siquiera una dosis de inmunización”, denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Para este sindicato supone un incumplimiento del protocolo de vacunación, ya que el colectivo de Instituciones Penitenciarias fue encuadrado en el protocolo de vacunación dentro del grupo 3B, junto al personal de salud pública, personal sanitario y sociosanitario de diferentes ámbitos, fisioterapeutas o profesionales de oficinas de farmacia.

Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con AstraZeneca miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin recibir siquiera la primera dosis. Posteriores modificaciones del plan de vacunación no han solucionado el problema y estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros que trabajan en las mismas condiciones sí lo están, recuerdan. En concreto, “15.000 funcionarios están con una única dosis y se han quedado colgados a la espera de la segunda, 7.000 sin ninguna y no nos consta que haya empleados de prisiones con las dos dosis”, precisan a este periódico.

Además, desde CSIF denuncian que “los funcionarios de prisiones contemplan ahora cómo miles de vacunas están llegando a las cárceles destinadas para la población reclusa mientras los responsables de su vigilancia aún están sin inmunizar” y ponen como ejemplo que en cárceles como Castellón II, el 50% de la plantilla aún no ha recibido la primera dosis.

Ante esta situación, CSIF ha trasladado una queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y estudia acciones jurídicas, respondiendo así al malestar de una plantilla de profesionales que se siente desamparada por sus superiores.

Según CSIF, Instituciones Penitenciarias “elude responsabilidades y señala a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas como culpables de esta situación”.

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recuerdan, sin embargo, que “la administración de la vacuna no es competencia del Ministerio del Interior, sino que forma parte de la Estrategia de Vacunación que depende de Sanidad y las comunidades autónomas”. De hecho, “hemos reclamado a las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas la vacunación de los funcionarios”, precisan a este periódico.

A su vez, desde CSIF temen que con el fin del estado de alarma se proceda a la vuelta a la normalidad en las prisiones, lo que permitiría abrir de nuevo las comunicaciones con el exterior (visitas y vis a vis), lo que sin duda va a incrementar el riesgo de contagio para los trabajadores y sus familias.

De hecho, según informa Instituciones Penitenciarias en su web, las comunicaciones íntimas ya han sido autorizadas en los centros penitenciarios de Algeciras, Huelva, Puerto I, II y III, en Teruel, en las prisiones de Baleares, en las de Canarias, en tres prisiones de Castilla-La Mancha, en cinco de Castilla y León, en la de Cáceres, en cuatro de Galicia, en las dos de Murcia, en Álava-Zaballa, en Castellón I y en la prisión de Picassent. Una decisión que han tomado “desde la dirección de los centros”, explican desde Instituciones Penitenciarias, ya que “nosotros sólo damos recomendaciones según la incidencia acumulada (IA) en la provincia. Así, a partir de una IA de 500, se recomienda (no se prohíbe) suspender todas las comunicaciones, incluso los permisos de salida de los internos, las salidas programadas, las entradas de personal de ONG... todo, salvo las comunicaciones orales de locutorio (que son con mampara) y sólo al 50% de ocupación y con dos comunicantes por interno”. Con una IA entre 250 y 500 las recomendaciones serían muy similares, ya que por ejemplo se aconseja suspender las comunicaciones íntimas y con una IA inferior a 250 se podrían levantar todas las medidas siempre que no haya un brote activo en prisión.