El Gobierno trata de tapar irregularidades

Desde el principio de la pandemia, la gestión gubernamental ha estado regida por el oscurantismo más absoluto. Por ejemplo, el Ejecutivo no ha mostrado todavía documento alguno firmado de su puño y letra por científicos o expertos de verdadero peso sobre decisiones fundamentales para la vida de los españoles como las restricciones que se aplicaban o la desescalada.

A los ciudadanos madrileños se les retrasó precisamente la salida del confinamiento en base a un informe hecho a posteriori cuya firma corrió a cargo de una directora general, que a la postre no deja de ser un alto cargo político. También se resistió el Ejecutivo a ofrecer el nombre de los supuestos expertos que le asesoraban en la toma de decisiones. Después de intentar durante muchos meses ocultar los nombres, finalmente informó de que tales expertos no eran en realidad más que técnicos a las órdenes de Fernando Simón, al que también le han llovido críticas por la politización de sus actuaciones.

Cuando nos acercamos a los dos años de pandemia, ningún evaluador externo e independiente ha podido efectuar un análisis de la gestión porque el Gobierno se ha cuidado muy mucho de dilatar el proceso. El último escándalo oscurantista se ha producido esta semana en el Congreso de los Diputados. El PSOE y Unidas Podemos han rechazado la comparecencia de los principales implicados en la política de vacunaciones contra la Covid-19 que había propuesto el PP, lo que deslegitima la comisión de investigación gestada para dirimir posibles irregularidades en la administración de dosis. Ni Salvador Illa, ni Fernado Simón, ni Raquel Yotti, ni la ministra Carolina Darias acudirán a ofrecer explicaciones ante los requerimientos del PP. ¿Qué se pretende tapar?