Las bajas laborales se han convertido en un gran lastre para los trabajadores que las padecen, las empresas y administraciones que las soportan, y el Estado que las sufraga. En los últimos años, su número se ha disparado, y no solo por la sobrevenida pandemia. En el primer cuatrimestre del pasado ejercicio, por ejemplo, más de 1,5 millones de trabajadores se ausentaron de su empleo por una contingencia ajena a la Covid-19, lo que representa un 46,21% más de procesos que en el mismo periodo de 2021, cuando el virus asolaba nuestro país y las oleadas seguían sucediéndose.

La gestión de estas bajas a cargo de la atención primaria ha sido siempre defendida con puño de hierro por la izquierda más recalcitrante. En el histórico debate sobre si el médico de la mutua o de la Seguridad Social debería dar el alta, a efectos económicos, a pacientes en situación de baja clínica por decisión de su médico de familia, Izquierda Unida, Podemos y una parte importante del PSOE siempre han esgrimido tajantes su más férrea oposición pues, a su juicio, los derechos del trabajador correrían serio riesgo.

Esta defensa numantina de la medicina de familia como garante de las bajas laborales otorgó algo más de poder a la primaria, pero sepultó de burocracia a los médicos que debían tramitarlas, lo que pudo apreciarse a finales de 2021 y principios de 2022, en pleno ataque de Ómicron. A pesar de la llegada en tromba de enfermos, los facultativos del primer nivel asistencial se vieron sobrepasados por el papeleo. De aquellos polvos vienen estos lodos y muchos de los que hoy se quejan propiciaron la situación en la que se encuentran los centros de salud. Urgen cambios en la gestión de la incapacidad temporal y en la propia primaria, que languidece sin remedio.