Cárcel en Portugal para quienes acaben con la vida de sus mascotas

Portugal ha decidido ir un paso más allá en la protección de los animales domésticos, por lo que ha modificado una norma que se aprobó en el país en 2014, y que condenaba los malos tratos a mascotas, como perros, gatos o hurones. De esta manera, a partir de ahora acabar con la vida sin «un motivo legítimo» de un animal de compañía puede suponer penas de entre seis meses y dos años de prisión, que podrían incluso ser de más tiempo en el caso de que se observase «perversidad» en el acto.

Los cambios en la norma se han producido tras una propuesta realizada por el partido luso PAN (Personas, Animales y Naturaleza) y el marxista Bloco de Esquerda, con el objetivo de evitar que muchos procesos en curso por violencia contra animales terminaran archivados por lagunas en la ley. En la modificación del texto legal tuvo mucho peso el caso de Simba, un león de cinco años que fue abatido a tiros por un vecino en marzo de 2015 en la localidad de Monsanto (Idanha-a-Nova, en el distrito de Castelo Branco), y que en ese momento tan solo se juzgó como delito por daños patrimoniales.

Con los cambios introducidos, quien acabe con la vida de un animal de compañía sin motivo justificado o legítimo a partir de esta semana en Portugal incurrirá en un delito que prevé castigos que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión, aunque el texto está abierto también a la posibilidad de que la sentencia acabe en una multa.

La «perversidad», un agravante

Además, la norma eleva en un tercio las penas si la muerte del animal se produce «en circunstancias de especial censura o perversidad». Sin embargo, el elemento de «perversidad» también se tendrá en cuenta para agravar el castigo máximo previsto a quien, sin llegar a acabar con la vida de la mascota, le produzca «dolor, sufrimiento o cualquier maltrato físico», cuya pena en ese caso sería de entre seis meses y un año de prisión, o una multa.

La diputada del PAN Inês de Sousa Real indicó a medios locales que los cambios en la norma, además de contemplar penas de prisión en caso de que se produzca la muerte de la mascota, persiguen «agilizar los procesos de socorro a animales de compañía para evitar situaciones como las vividas en Santo Tirso», explicó (el pasado 19 de julio 69 perros y 9 gatos abandonados a su suerte fallecieron en un incendio que afectó a dos refugios ilegales en la sierra de Agrela).

Las multas que se recauden a partir de este momento debido a estas situaciones se destinarán en parte a instituciones privadas de uso público o asociaciones que recogen animales abandonados. La formación lusa PAN afirma que prepara otra ley para proteger a los animales de ganado, que han quedado fuera de esta modificación.