La optativa de los obispos a Celaá: pacto educativo o el Constitucional

Acudir al Tribunal Constitucional como el último recurso para frenar la Ley Celaá. Los obispos no lo descartan. Pero antes, buscan agotar todas las vías de diálogo que hasta la fecha ha ignorado el Gobierno para buscar una salida al arrinconamiento de la asignatura de Religión –que ya no será evaluable ni tendrá alternativa– y a las trabas para la supervivencia de la escuela concertada al eliminar el criterio de demanda social. Lo manifestó el lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y lo reiteró ayer el secretario general, el obispo Luis Argüello.

«Seguimos tendiendo la mano para crear caminos de encuentro», subrayaba ayer el portavoz del Episcopado en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria que les ha reunido durante toda la semana en un formato semipresencial, con una treintena de obispos en la madrileña Casa de la Iglesia y, el resto, por videoconferencia. Confían en que, a su paso por el Senado, se pueda poner remedio «a la división por la mitad del Congreso» que se visibilizó el pasado jueves. «Si no es así, no cabe duda de que la Constitución Española habrá de venir en ayuda de aquellos sectores excluidos o ninguneados», advirtió Luis Argüello sobre la reforma educativa.

De no producirse acercamiento alguno, «estamos dispuestos a poder apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de anticonstitucionalidad». «Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a de derechos y libertades, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos», expresaba el obispo auxiliar de Valladolid, con el artículo 27 de la Carta Magna como bandera: «A primera vista el texto fuerza bastante su interpretación».

Es más, los obispos presentaron ayer una declaración elaborada por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura en la que respaldaban las movilizaciones promovidas por la plataforma «Más Plurales» que, entre otros, integran los colegios de la Iglesia. En este sentido, con una mención específica «a los alumnos con necesidades especiales».

Además, le recriminan a la ministra Isabel Celaá que no haya dado «respuesta» a la propuesta que le presentaron los obispos en verano para crear un área común que integre «la dimensión moral y religiosa de la persona» para que «no genere para nadie agravios comparativos». «Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de la asignatura de Religión o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento», aseveró el obispo en nombre del Episcopado.

Más allá de la LOMLOE, los obispos también pusieron ayer contra las cuerdas al Gobierno por su respuesta a la crisis migratoria que sufre Canarias. «La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares», expresó ayer el portavoz que apunta como «imprescindible crear en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y simultáneamente, en los de destino, salvar su vida y hacernos cargo de su existencia a través de un conjunto de acciones que el Papa resume en ‘acoger, proteger, promover e integrar».

Ante los periodistas, Argüello también desveló que en los encuentros mantenidos con Moncloa para revisar la lista de los bienes inmatriculados con la Iglesia durante la reforma hipotecaria de Aznar, «se nos ha reconocido que se ha hecho conforme a lo establecido». Por ello, confió en que, aunque en los más de 30.000 bienes inscritos haya algún error «que tenemos voluntad de subsanar», no se utilice para presentar «a la Iglesia como una gran inmobiliaria o propietaria de fincas». «Las ermitas y los cementerios no se los llevan los obispos a su casa, son de uso público de los pueblos», ironizó.

Justo en el día que se celebraba la jornada de oración por las víctimas de la pederastia eclesial, hizo balance tanto de los protocolos establecidos como de las oficinas de atención existentes para sostener que «en estos seis meses el número de denuncias ha sido cero o muy pocas».