Así “espía” Google a los menores en la escuela

“Cuando te ofrecen algo gratis, desconfía porque el producto eres tú”. Esta sentencia o consejo que aparece en el popular documental de Netflix “El dilema de las redes sociales”, es quizá un buen ejemplo para analizar la polémica que ha generado la plataforma educativa que ha impulsado Google. Cuando se desató la pandemia y como consecuencia se hicieron populares las aplicaciones online para que los alumnos pudieran continuar con su formación, la conocida Google For Education fue una de las más exitosas, por su facilidad de uso y la cantidad de opciones y facilidades que ofrece a sus usuarios, tanto docentes como estudiantes.

Sin embargo, hay personas que desde un primer momento desconfiaron del altruismo del gigante tecnológico. Uno de ellos es el fiscal general de Nuevo México Héctor Balderas, quien realizó un informe exhaustivo sobre la “cara b” de esta plataforma. De hecho, hace meses presentó una demanda contra Google, alegando que recopila ilegalmente información personal de los niños menores de 13 años. “Hemos presentado esta demanda después de una extensa investigación sobre el uso de estas tecnologías y las prácticas de Google. La finalidad es proteger los derechos y la seguridad de los niños en edad escolar de Nuevo México, lo que todas las empresas que toman sus datos están obligadas a hacer por ley”, afirma Balderas a LA RAZÓN.

Los productos educativos que ofrece G Suite For Education son desde el popular correo de Gmail, el Calendario, Drive, Docs, Sheets... junto a los portátiles Google Chromebook, que en los casos estudiados por el fiscal, fueron enviados a los distritos escolares de Nuevo México sin coste alguno. Según sus averiguaciones, Balderas afirma que a través de estas aplicaciones “se recopilan grandes cantidades de información personal valiosa de los menores sin el consentimiento de los padres” y afirma que “la seguridad de los estudiantes debe ser la prioridad número uno de cualquier empresa que brinde servicios a nuestros niños, particularmente en las escuelas”. “Creo que no solo Google tienen esta obligación, sino que cualquier empresa que no cumpla con la ley está comprometiendo directamente la seguridad de los menores”, añade el abogado demócrata a través de un cuestionario remitido por este diario.

En el escrito presentado ante la Justicia norteamericana redactada por Balderas, se realiza una descripción pormenorizada de los tipos de información recopilada por Google, donde se incluyen datos de geolocalización, sitios web visitados, términos buscados en Google y YouTube, listas de contactos y, grabaciones de voz, entre otras. La Oficina del Fiscal General de Nuevo México ya presentó otra demanda contra Google y otras empresas de tecnología en septiembre de 2018, alegando recopilación ilegal de datos a través de aplicaciones móviles dirigidas a niños.

En septiembre, el juez que estudia la causa desestimó la petición de Balderas argumentando que “según las leyes federales no se requiere el consentimiento de los padres cuando los colegios aceptan participar en las plataformas educativas”. Una respuesta que el fiscal general de Nuevo México no comparte y asegura a este diario “que el litigio continúa, hemos recurrido esa decisión”.

¿Cumple las normativas europeas?

“Según la multinacional norteamericana, Google G Suite for Education está alineado con la normativa europea en materia de protección de datos, si bien es cierto que el uso de la plataforma en su versión gratuita puede conllevar el almacenamiento de la información de los estudiantes fuera de la UE, incumpliendo lo establecido. La modalidad de pago, la menos extendida, permite controlar de forma muy granular la información que Google puede almacenar, pero en la que no implica un pago, la que se utiliza mayoritariamente, desaparece esta opción y queda a expensas del uso que se d”, explica Diego Fernández, experto en protección de datos y responsable de gobierno, riesgos y cumplimiento de ciberseguridad en la consultora Capgemini Invent España.

Para este experto en protección de datos, “desde el punto de vista ético, la explotación de datos de menores no es una actividad que podamos considerar adecuada. Más allá del cumplimiento de leyes y de regulaciones, debemos reconocer que existen razones éticas para proteger la información y garantizar que no se utiliza indebidamente. Incluso los datos que no identifican directamente a las personas se pueden utilizar para tomar decisiones que afectan a su vida”.

En palabras del fiscal de Nuevo México, en Estados Unidos más de 80 millones de educadores y estudiantes utilizan Google Education (140 millones en todo el mundo) y, aunque su investigación se centra en donde él tiene competencias, lo cierto es que esta plataforma se extiende por todo el mundo, también en España donde ha generado ciertas dudas. En Madrid, una de las principales detractoras ha sido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha afirmado que las herramientas digitales de la multinacional estadounidense ofrecen a las escuelas sin contraprestación económica “no son seguras”. Por este motivo, hace meses dio la orden de que los centros que dejen de usar G Suite for Education y hagan uso de otras aplicaciones de pago o de EducaMadrid.

Desde Google desmienten que en ningún caso están vulnerando la ley y que no utilizan datos de los menores: “Estas alegaciones parten de hechos que no son ciertos. G Suite for Education permite a los colegios controlar el acceso a cuentas, y les requiere que busquen el consentimiento paterno cuando sea necesario. No utilizamos información personal de usuarios en las escuelas primarias y secundarias para fines publicitarios. Los colegios son los que al final deciden cómo sacarle el máximo provecho”. Un portavoz del gigante tecnológico explica a este diario que “la información personal que se recoge se utiliza solamente para proporcionar ese servicio. Por ejemplo, necesitamos utilizar la dirección de correo electrónico de un estudiante para permitirle enviar un email”.

La version de Google

En relación a las dudas de la Comunidad de Madrid a la hora de utilizar este servicio en los colegios, aseveran que recibieron una carta “que contenía alegaciones inexactas. Esta plataforma está alineada con la normativa Europea en materia de protección de datos y sus estrictos requerimientos en materia de transferencias internacionales de datos. También cumple con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y cuenta con la certificación correspondiente. Hemos mantenido conversaciones con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para ayudarles a comprender mejor nuestros productos”.

Sin embargo, para Óscar Alonso, responsable de estrategia y gobierno de datos en Capgemini Invent Spain, el uso de estas herramientas “permite a las compañías realizar un seguimiento de los estudiantes, sin que se pueda verificar fácilmente y de manera transparente el consentimiento paterno, más allá del entorno educativo y alcanzando el ámbito privado”. Este analista hace hincapié en que los datos recopilados “se utilizan para realizar perfilados de los usuarios que posteriormente se podrían usar, entre otros, para fines publicitarios o análisis de su comportamiento”.

Diferentes grupos activistas de defensa de la privacidad llevan tiempo alertando a las instituciones de que Google utiliza sus productos educativos para rastrear a millones de escolares sin detallar adecuadamente sus prácticas de extracción de datos. “Suponer que si únicamente seguimos al pie de la letra la ley no tendremos riesgos asociados es algo erróneo. Las organizaciones usan los datos de maneras que no hubiéramos imaginado en el pasado. Si bien las leyes tienen en cuenta algunos principios éticos, es imposible que la legislación pueda mantenerse al día respecto a los riesgos asociados con la evolución del entorno de datos”, concluye Alonso.