El informe de Moncloa bendice las inmatriculaciones de la Iglesia

El Consejo de Ministros dará luz verde hoy al informe sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia que ha supervisado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

Según el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ejecutivo de coalición no habría encontrado graves irregularidades en las propiedades que la Iglesia habría registrado durante el paréntesis que abrió la ley hipotecaria de José María Aznar. “No puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición”, apunta con contundencia el informe de Moncloa.

Así se expone al remitirse a las auditorías realizadas por Colegio Oficinal de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. “No se puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor”, describe el informe de los registradores al referirse a las 34.961 propiedades que las diferentes entidades eclesiales inmatricularon como propias entre 1998 y 2015.

Entre las propiedades que Moncloa ha analizado, se encontrarían 20.055 espacios sagrados -iglesias y similares-, además de otros 14.906 espacios que corresponderían a viviendas, locales, solares… El estudio aterriza hasta tal punto que especifica como hasta 30.335 de estos lugares se habrían registrado con una certificación eclesial a través de notas simples, frente a las 4.583 restantes para las que se habría utilizado otro tipo de documentos.

Con este informe, se cierra una de las batallas anticlericales que se inició hace tres años cuando desde el PSOE se comenzó a utilizar el mantra de que la Iglesia había aprovechado la ley hipotecaria del PP para hacerse con propiedades que no eran suyas, especialmente en el ámbito rural. En el punto de mira como baluarte de estos ataques, la mezquita-catedral de Córdoba, que se tachó de haber inscrito por 30 euros dejando caer que nunca fue propiedad de la Iglesia. Con la designación de Carmen Calvo, el pasado verano se dio un impulso para elaborar el informe que hoy ve la luz. De hecho, para ello se contó con la colaboración de la Conferencia Episcopal que en todo momento ha trabajado mano a mano con el Gobierno facilitando todos los datos que se le han solicitado.

De hecho, desde el Episcopado siempre se ha mostrado cierta tranquilidad al respecto puesto que se daba por hecho que quizá podría haberse inscrito alguna propiedad de forma errada, pero que, bajo ningún concepto sería significativo ni afectaría a la mayoría de inmuebles eclesiales.