Castilla y León acepta a regañadientes cambiar el criterio de aforo en las iglesias

La Junta de Castilla y León ha aceptado la petición reiterada de los obispos para cambiar el criterio de aforo en las iglesias. A regañadientes y con acuse de recibo. Hasta la fecha el límite era numérico y ahora será porcentual, como en el resto de España. A saber. Hasta ahora 25 personas. Lo mismo daba la capilla de 60 metros cuadrados de un convento que la catedral de Burgos con sus 800 años a cuestas y bien ventilada. A partir de ahora, 25 por ciento. O lo que se tercie, según aminore o se dispare la amenaza del virus.

El Gobierno regional da su brazo a torcer. Pero con un resquemor hacia los pastores que han buscado visibilizar hoy. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha dejado caer algo más que una indirecta a los prelados por las críticas vertidas hacia ellos por no haber dado su brazo a torcer hasta ahora: “A mí y al presidente de la Junta, que somos creyentes, nos duele, porque lo de que donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy presente yo, sigue vigente”.

De hecho, los dardos iban personalizados al arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. “No me importa quien lo diga, no está en la Biblia, ni el Nuevo Testamento decir amén a todo lo que diga un cardenal”, ha dejado caer Igea, que a renglón seguido ha manifestado que “tengo mucho respeto por la jerarquía católica, pero tengo más respeto por el mensaje y el mensaje evangélico me lleva a proteger la vida de mis hermanos y yo hago lo que creo que tengo que hacer como político y como cristiano”.

El ataque del político de Ciudadanos no ha quedado ahí al señalar que “los creyentes creemos que lo importante es el mensaje, no el mensajero y la mejor de las cartas puede ir de las manos de un mensajero andrajoso”. Esta airada reacción ante el posicionamiento episcopal resulta especialmente llamativo, puesto que, si por algo se ha destacado el cardenal Blázquez, tanto en su pastoreo en Valladolid como al frente de la Conferencia Episcopal, es por su talante dialogante con todos y por evitar la confrontación. De la misma manera, tampoco se puede echar mano de hemeroteca para encontrar en el arzobispo de Valladolid declaración altisonante alguna y, menos aún, en lo que a la lucha contra la pandemia se refiere.

El ambiente es tan enrarecido que si el presidente y vicepresidente de la Junta, del PP y Ciudadanos, echan mano de su catolicidad para enfrentarse al purpurado, el alcalde de Valladolid, el socialista y también católico confeso,Óscar Puente, se ha erigido como aliado de la petición episcopal. Y no ha dejado pasar la oportunidad para comentar con sorna que “menos mal” que aquellos que sancionan el culto son “un gobierno de derechas”.

Lo cierto es que el conflicto entre la Iglesia y la Junta llegó a su punto álgido hace un par de semanas cuando se decidió levantar un acto sancionador a la iglesia de San Benito -con una superficie de 1.800 cuadrados- porque se había celebrado una eucaristía con medio centenar de personas. Y no solo eso, la Policía Municipal se presentó en plena misa para levantar acta.