Violencia obstétrica

“Hay que tratar a la mujer como un ser inteligente y maduro, no como a una oveja”

Beni Martínez, secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)

Escena de la obra de teatro "La confiança", de Producciones Ultramar, que denuncia de la violencia obstétrica
Escena de la obra de teatro "La confiança", de Producciones Ultramar, que denuncia de la violencia obstétricaREMITIDA SALA ULTRAMARREMITIDA SALA ULTRAMAR

“He visto a médicos pegar un bofetón a una mujer y llamarla histérica cuando se ponían nerviosas en el parto. Y no una vez ni dos, sino muchas. Te consume la impotencia”. Con este ejemplo tal claro define Beni Martínez, secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) y una de las profesionales más reconocidas de su ámbito, la evidencia de la violencia obstétrica un abuso muy antiguo con un nombre nuevo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo . “A los que se ofenden porque se le llame así les diría que no es momento de andarse con eufemismos. Hay que llamar a las cosas por su nombre porque no hay otra manera de erradicarlas”. Máxime si organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento europeo o el Consejo de Europa lo han validado en negro sobre blanco.

En contraste a su reconocimiento oficial, estas prácticas y conductas siguen siendo muy desconocidas en la práctica. Algo que los investigadores achacan a su esencia multifactorial, en la que se entrelazan componentes culturales, sociales, históricos y formativos. Desde su normalización en sociedades patriarcales instituidas entorno al poder jerárquico en cuanto al género y la salud- en las que el médico manda y la paciente calla y acata- hasta su asociación con el síndrome de burnout (desgaste profesional) entre profesionales del parto, que tenderían a deshumanizar a las usuarias y que afectaría la relación médico- paciente.

En España, donde la violencia obstétrica puede adoptar numerosas formas y, en ocasiones, puede subestimarse bajo síndromes de depresión posparto o estrés postraumático, es un problema muy poco abordado, en especial desde el prisma de las usuarias y de los/las profesionales de la salud. En general, se calcula que un 35% de las madres presentan algún grado de trastorno de estrés postraumático tras la experiencia del parto.

Reforma de la “ley del aborto”

El concepto de violencia obstétrica que se pretende incorporar en la reforma planteada por el Ministerio de Igualdad de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la llamada ley del aborto, incluye los actos inapropiados o no consensuados tanto en el en el ámbito fisiológico (como obligar a parir en una determinada posición o proveer una medicalización excesiva, innecesaria oque podría generar complicaciones graves) como la psicológica. Esta última se refiere a prácticas como dar a la usuaria un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, humillante o despersonalizado, entre otros.

“Detrás del hecho de que tu ginecólogo/a te llame ‘bonita’, ‘reina’, ‘chiquitina’ y esa clase de apelativos no hay más que una actitud paternalista y controladora que pretende imponerse a tu criterio y tus decisiones. No hay más. El foco hay que ponerlo en que te traten como la mujer inteligente y madura que eres- no una oveja-, que ha decidido ser madre, algo que debería ser mucho más respetado y alabado en estos momentos, en los que la natalidad está por los suelos”, argumenta Martínez.

La oposición de los especialistas

La posible inclusió del concepto en la reforma de la ley ha reabierto el debate. De un lado están la mayoría de las asociaciones de especialistas, entre ellas la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) que ven “inapropiado e injusto” que se use el término violencia obstétrica para describir las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto. “Nos parece inapropiado, tendencioso e injusto el término violencia obstétrica por su significado jurídico doloso, como intención de causar daño, ánimo de lesionar, empleo de fuerza o amenazas, tipificable penalmente, que debemos rechazar por completo. No debe confundirse en modo alguno la praxis inadecuada con las expectativas de parto no cumplidas”, señalan desde la SEGO. No obstante, reconocen que se trata de un término que ha permitido poner de manifiesto las experiencias desagradables de muchas mujeres y posicionarlo en el debate público.

Por su parte, el CGCOM denuncia que el término “criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica” y garantizan “la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes y recuerdan el compromiso de los especialistas en Ginecología y Obstetricia de velar, en todo momento, por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia”. Además, alegan que los procedimientos obstétricos que puedan considerarse excesivos e inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, que buscarían lo mejor para la mujer.

“Es normal y era esperable. Cuando les quitas el control se ponen nerviosos”, sentencia la matrona. “La mayoría de las denuncias que ponen las mujeres a los especialistas no son por problemas de salud graves que se hayan derivado de su experiencia como pacientes, sino por el trato que les han dado y como se han sentido. Así que, es evidente, que importa, y mucho, llamar a las cosas por su nombre y darles cobertura legal. Moleste a quién moleste”, añade.

Apoyos en Cataluña

Pero no todas los colectivos de profesionales han reaccionado de igual modo a esta iniciativa de cambio. La Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología (SCOG) y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) se han comprometido a promover la sensibilización y la formación de los profesionales sanitarios para evitar situaciones de violencia obstétrica. Pese a que reconocen el rechazo que genera esta expresión entre los sanitarios, “en la medida que sugiere intencionalidad y voluntad de ejercer violencia contra las mujeres”, lamentan que su inclusión en la ley sea percibida por algunos trabajadores como una desconfianza hacia su profesionalidad.