Zona catastrófica
La Palma tendrá 10,5 millones de euros en ayudas
Una partida se destinará a la compra de 107 viviendas, y el resto para enseres básicos
El Gobierno enviará 10,5 millones de euros a los afectados por la erupción del volcán en La Palma, después de que el Consejo de Ministros declarase ayer la isla como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (ZAEPC). En este primer plan de medidas urgentes se destinarán 5,5 millones a la compra de 107 viviendas de titularidad pública o privada, bajo la condición de que puedan ser ocupadas con «carácter inmediato» por las familias. Los otros 5 millones se destinarán a la adquisición de enseres esenciales por los afectados a través de una tarjeta- monedero.
Para optar a estas ayudas el Gobierno central exigirá a los receptores que sean residentes en la isla de La Palma y que la vivienda siniestrada fuese la residencia habitual antes de la erupción volcánica, y que los solicitantes tengan la condición de propietarios o arrendatarios.
El conjunto de las ayudas se va a gestionar en colaboración con la comunidad autónoma de Canarias. Así lo confirmó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó la «importancia» de estas ayudas, ya que muchas familias palmeras lo han perdido «todo» tras la erupción volcánica. Rodríguez informó además de que dos comisiones se encargarán de gestionar las ayudas: una mixta, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, encargada de coordinar «todas las acciones entre los distintos territorios», y otra distinta interministerial, que se encargará de «una segunda fase de reconstrucción» de los daños causados por el volcán.
Esta segunda etapa, que se pondrá en marcha cuando cese la actividad volcánica, se centrará en la reparación y restauración de los daños en las viviendas, infraestructuras, explotaciones ganaderas, cultivos, zonas forestales y equipamientos públicos.
El acuerdo aprobado ayer por el Ejecutivo incluye una lista no exhaustiva de medidas a adoptar para paliar las consecuencias de la erupción volcánica en diferente sectores.
Entre ellas, además de las ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, enseres de primera necesidad, alquileres y gastos de emergencia en que hayan incurrido los ayuntamientos, se incluyen otras por daños en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas o forestales, e instalaciones de acuicultura marina.
También ayudas para la promoción del turismo y la dinamización industrial de la zona afectada, actuaciones para la regeneración medioambiental.
Se aprueban asimismo medidas laborales y en materia de prestaciones por desempleo, bonificaciones y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social y beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otras.
El Ejecutivo también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán por su parte de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
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