Las promesas incumplidas del Gobierno en veinte meses de pandemia

No es fácil hacer una valoración ponderada de la actuación del Gobierno de un país ante una crisis sanitaria del tamaño y las repercusiones de la pandemia de covid. Sobre todo si no se cuenta con expertos independientes que puedan formular las preguntas adecuadas para obtener respuestas que permitan no volver a cometer los mismos errores. Los intentos de España por hacer una autoevaluación consistente y medianamente objetiva de las estrategias seguidas en cada etapa desde aquel fatídico marzo de 2020, siempre han quedado sepultados por el oportuno anuncio de «victorias» conseguidas por el Gobierno.

Los más de 37,5 millones de personas con la pauta completa de vacunación –que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha definido siempre como «un éxito de país»– no son suficiente para olvidar que hemos ostentado el título del séptimo país con más personas infectadas por coronavirus de todo el planeta –el pasado marzo–, sólo superado por otros seis mucho más poblados que el nuestro. También hemos sido el sexto con un mayor número de pacientes en estado grave ingresados en las unidades de cuidados intensivos y el décimo en número total de muertes por covid. Aunque quizá la posición más vergonzante es que somos el estado con la cifra más alta de sanitarios infectados del mundo.

Pero una cosa son errores y otra, promesas no cumplidas. Las segundas pueden ser menos evidentes, pero dañan de un modo más estructural la confianza de la población en las personas que gobiernan, especialmente en una situación en la que lo que está en juego son vidas. LA RAZÓN ha consultado con expertos en distintas materias cuáles pueden ser las posibles explicaciones sobre algunos de los «fiascos» más llamativos de estos 20 meses.

La vacuna de los 30 millones

Aunque España ha sido el séptimo país en producción científica publicada sobre la covid, con datos por encima de la media, como destacaba la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, hace unos días, con las vacunas de momento no ha habido tanta suerte. En marzo de 2020 el Gobierno anunció que destinaría 30 millones de euros para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) investigaran un antídoto para el SARS-COV-2. Sin embargo, a fecha de hoy, los prototipos vacunales de los equipos del CSIC siguen en fases iniciales. «Nunca fue un tema de dinero, sino una cuestión de plazos que se dieron mal desde el principio» señala Joan Carles March, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Y es que la vacuna de Luis Enjuanes y su equipo –«que probablemente sea una de las mejores que habrá en el mercado, si no la mejor» añade March– ha dado muy buenos resultados en laboratorio, pero tiene importantes obstáculos que resolver para avanzar a las siguientes fases: el encapsulado, la manera en que se produciría la vacuna y la logística para que pueda llegar a la población. Ahora, el Gobierno ha pasado página y ha fijado la vista en la fase II de la vacuna contra la covid del laboratorio Hipra, a cuyo desarrollo ha contribuido con 15 millones de euros.

Un estudio inacabado

ENE-Covid es un amplio estudio longitudinal seroepidemiológico, de base poblacional, cuyos objetivos fueron estimar la prevalencia de infección por SARS-CoV-2 mediante la determinación de anticuerpos frente al virus en España y analizar su evolución temporal. El organismo encargado de llevarlo a cabo fue el ISCIII y tuvo dos fases, una primera, con tres rondas, que incluyó a 68.287 participantes y, la cuarta ronda, en la que participaron 51.409 personas y que concluyó el 29 noviembre de 2020.

La prevalencia global (porcentaje de personas en la población con anticuerpos IgG frente a virus desde el inicio del estudio) se situó en un 9,9%. Desde entonces y hasta septiembre de 2021, mes en el que, tras alcanzar el objetivo de cobertura de vacunación del 70% de la población, que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que se ponía en marcha una quinta ronda centrada en analizar la inmunidad funcional de las personas mayores en residencias (ENE-Covid Senior) no se ha sabido nada. «Se dejó de hacer en un momento que era determinante. Personalmente, no entiendo el por qué», señala March.

Lorenzo Armenteros, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), explica que «ese estudio tenía sentido cuando no había vacunas. Aun así, desde la comunidad científica no se le dio demasiado valor dada la escasa sensibilidad de los test». Sin embargo, y teniendo en cuenta el éxito de la campaña de vacunación en España que, aunque no se podía asegurar con certeza era previsible en un país con gran aceptación de las vacunas, para Armenteros, «hubiera sido una muy buena estrategia haber realizado ese estudio de inmunidad postvacunación, por grupos de riesgo, para ver si los anticuerpos humorales iban disminuyendo con el tiempo». Algo que, en su opinión, hubiera servido para justificar la decisión de aplicar las terceras dosis».

Radar Covid: la app fallida

En un momento en el que muchos creían que las aplicaciones de rastreo de contactos podían ser la solución ideal para mitigar los efectos de la pandemia, el Gobierno invirtió más de tres millones de euros en crear y promocionar Radar Covid. El resultado fue que únicamente un 18% de los usuarios la instalaron y, de ellos, solo un 1,2% la usaba activamente. ¿Cuál fue el error? «Una cosa es crear una app y otra cosa conseguir convencer a la gente, no solo para que se la descargue, si no para que la use», destaca March. Lejos de que se pueda achacar el fracaso a un exceso de celo de los españoles con la privacidad de sus datos– «algo que está demostrado que no es así»-la clave, en opinión del experto, «el poco tino y la falta de estrategia a la hora de orquestar una campaña coherente para explicar a la población los beneficios de usarla». «Conozco el tema de cerca y sé que solo se hizo una reunión, que no se supo elegir a los influencers encargados de promocionarla y que nadie puso demasiado interés en hacer un buen trabajo».

La trampa de cogobernar

Lo sucedido esta semana con el auto del País Vasco respecto al pasaporte covid es, a juicio de Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid, la prueba más reciente de que la responsabilidad política se ha desplazado a quien no le corresponde, esto es, al poder judicial. «La cogobernanza es la consecuencia de que el Gobierno se enterara tarde de la pandemia, y aun así, haya querido responder como el mejor. Para eso es necesario implicar en su fracaso a otros, no para pensar juntos, sino para compartir responsabilidades, pero sin dejar de «dirigir la orquesta». Para poder limitar derechos fundamentales como el de reunión, el de libertad deambulatoria, el de expresión, entre otros, como demanda el control de una crisis sanitaria como la de la covid, «es imperativo contar con un contexto regulatorio, la denominada ley de pandemias, que permita la toma de decisiones de un modo unificado y eficaz», señala March. «Sin embargo, se ha dejado toda la responsabilidad al Consejo Interterritorial, cuyo funcionamiento y esencia hace que, cuando no se llega a una unanimidad en los acuerdos y hay discrepancias, no se pueda avanzar», concluye.