Naturaleza

La Guardia Civil ha detenido a 133 personas por extracciones ilegales de agua

Los arrestados se enfrentan a penas de prisión de hasta dos años. Se destaca el peligro para personas y animales cuando las instalaciones son abandonadas, como ocurrió con el niño Julen en Málaga

Una de las instalaciones ilegales detectadas por el SEPRONA de la Guardia Civil
Una de las instalaciones ilegales detectadas por el SEPRONA de la Guardia Civiljmzagu

La Guardia Civil desarrolló una campaña de inspección a lo largo del pasado año en la que detectó la comisión de 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente; han sido detenidas e investigadas 133 personas. Las operaciones iban destinadas a prevenir delitos como Distracción y Defraudación de Aguas, Ordenación del Territorio e incluso Contra la Administración Pública.Han sido dedtectadas 2.326 infracciones administrativas.

Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del SEPRONA han descubierto perforaciones de pozos y sondeos que carecían de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua; también, captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal. Es el caso del niño Julen, muerto al caer a un pozo abandonado en Totalán (Málaga).

La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación; del total de estructuras el 74% se corresponden con pozos y sondeos. Gran parte de la operación se ha desarrollada en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las Cuencas de los principales ríos de España.

Operación Aquae (Huelva)

Se han esclarecido 10 presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. Se investigan a 14 personas y 12 empresas. La investigación sigue abierta.

Operación Acuin (Cuenca)

Se ha procedido a la investigación de 2 personas físicas y 2 empresas por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de defraudación de fluidos (aguas), por la realización de captaciones de aguas subterráneas careciendo de la preceptiva autorización del organismo de Cuenca, mediante la instalación de pozos ilegales y con el empleo de caudalímetros manipulados para falsear la lectura de la contabilización del agua extraída de forma ilícita. El acuífero del que se estaba realizando dicha captación de aguas estaba declarado como sobreexplotado.

Operación Trincase (Valladolid)

Gracias a la estrecha colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero, se ha procedido a la investigación de un agente de la Guardería Fluvial de dicha Confederación como supuesto autor de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. El investigado, aprovechando el cargo oficial que ostentaba, se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura.

La actual situación de los recursos hídricos en el entorno del Mediterráneo y en España en particular, pasa por diferentes situaciones en función del territorio y la época del año en que se ponga el foco. La sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos, constituye una amenaza grave para nuestro medio ambiente y especialmente contra este recurso indispensable para la vida, subraya el SEPRONA.

Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel.