España es el quinto país de Europa con más desigualdad social

La desigualdad social en España aumenta en un proceso hasta el momento irreversible. Varios son los factores, como recoge el El Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», que a través de su libro «Desigualdad y pacto social», coordinado por Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED, realiza un retrato preciso de la extensión de la desigualdad en España. La obra incluye 11 informes elaborados por más de 20 investigadores de 13 universidades españolas.

Esta investigación analiza el hecho de que España ha sido, en las últimas décadas, uno de los países europeos con mayor desigualdad. Entre 2015 y 2019 fue el quinto país más desigual de la Unión Europea-27. Un primer motivo del crecimiento de la desigualdad en las últimas décadas se debe a la evolución de las rentas del trabajo y de capital, y a la limitada capacidad redistributiva de impuestos y prestaciones sociales, que ha aumentado muy poco desde 1990.

Otro factor analizado es la evolución del empleo intergeneracional, con la evidencia de que el empleo a tiempo parcial y el desempleo son fundamentales para entender la desigualdad de ingresos y que esta afecta de manera especial a mujeres, jóvenes y a las personas con un bajo nivel educativo.

Los autores advierten del aumento de la polarización salarial por el efecto del cambio tecnológico, que podría ser parcialmente contrarrestado con una adecuada política de formación orientada a las nuevas necesidades del mercado.

España es uno de los países europeos donde los jóvenes tienen más problemas relacionados con esta dimensión del bienestar. Sin embargo, la principal novedad es que en los últimos años los cambios en los sistemas residenciales también han afectado a la estabilidad de la vivienda en edades más avanzadas.

Los autores encuentran una clara relación entre las condiciones socioeconómicas de los hogares y diversas variables educativas, como la probabilidad de escolarización temprana, el abandono escolar o la oportunidad de cursar estudios terciarios.

Un ejemplo concreto que puede complementar este trabajo de la Fundación «la Caixa» lo aportaban ayer los datos de la organización Casa Caridad. La crisis energética, la inflación y las dificultades para acceder al mercado laboral agravan la situación de las familias que llevan a sus hijos e hijas a lsus centros de educación infantil, donde el 20% de las familias que ha pedido plaza no tiene ingresos y depende ayudas para sobrevivir.

Se trata de familias compuestas, en su mayoría, por menores de 35 años y con dos o más hijos/as y, de hecho, el 42 % de ellas son numerosas, según señala la entidad, que añade que la vuelta al cole se hace más complicada para este colectivo que precisa de una atención personalizada y ayudas complementarias.

En el capítulo que cierra el libro de la Fundación se analiza la importancia de la cultura y la calidad institucional para la consecución de acuerdos sociales. Las carencias en estos ámbitos pueden dificultar que las demandas de redistribución se traduzcan en un pacto social efectivo. La revisión de los datos permite a los autores destacar el amplio margen de mejora de la eficiencia del Estado, un legislativo con poca incidencia en las políticas públicas, una justicia percibida como politizada y un estado de las autonomías que requiere ajustes en el área de gobierno compartido.

Y más envejecimiento

Otro factor poco halagüeño es la continua caída de la natalidad y el aumento de las defunciones, lo que conlleva un progresivo envejecimento de la población.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aportaba ayer datos mensuales de número de defunciones. En el conjunto nacional, hasta julio han sido 310.371, el 4,5% más que en el mismo periodo del 2021 y un 11,6% por ciento más que en esos siete meses del 2019.

En el caso de los nacimientos la caída anual es del 0,98%. Esto nos sitúa de nuevo en mínimos de la serie histórica. Muy pocas comunidades autónomas han elevado el número de alumbramientos. Destaca el 11,8% de incremento en Castilla y León, el tercer mayor incremento del conjunto autonómico después del 25,15 de Cantabria y el 14,16 de Navarra.

Las desigualdades sociales antes referidas perjudican de forma clara el deseo de los españoles de aumentar su familia.