Religión

Conferencia Episcopal

El plan anticrisis de Omella: pacto de rentas, conciliación y ayudas al alquiler

El presidente de los obispos abre la Plenaria apelando al consenso político

El imaginario colectivo lleva a acusar de carril a los eclesiásticos de enredarse en discursos moralistas y apocalípticos desencarnados de las facturas de la luz de los mortales. No se le podrá recriminar al actual presidente del Episcopado español, el cardenal Juan José Omella, que ayer se presentó ante sus compañeros de mitra, sabiendo lo que cuesta un café y con un plan anticrisis integral que incluye, desde un pacto de rentas para familias vulnerables a políticas activas de vivienda, pasando por una mayor conciliación y una acogida ordenada de migrantes.

«Es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo, de los que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato», exhortó el máximo responsable de la Iglesia española en el arranque de la Asamblea Plenaria de otoño que se reunirá esta semana, entre otras cuestiones, para elegir al secretario general para los próximos cinco que sustituirá a Luis Argüello.

En una mano, las recomendaciones de Cáritas a través de sus reconocidos informes Foessa sobre pobreza. En otra, la Doctrina Social al estilo Francisco. Así hilvanó el arzobispo de Barcelona una batería de medidas que buscan demostrar cómo la Iglesia «quiere cooperar activa e intensamente con las administraciones públicas, los agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto».

Eso sí, como condición previa, lo que parece un imposible: «consensos». Frente al «divide y vencerás» de los políticos, el cardenal propuso una «fraternidad» práctica que incluye «un gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta dignidad este tiempo de travesía por el desierto». A la par, reivindicó el matrimonio como «gran fuente de estabilidad social», proponiendo una «promoción activa de la conciliación laboral», especialmente de las mujeres. En esta misma línea, reclamó una «política activa» para la vivienda en alquiler. En paralelo, abogó por «unas políticas de acogida ordenada de inmigrantes para que puedan integrarse dignamente en nuestra sociedad» con el fin de «protegerlos de los abusos y de la impiedad de las mafias».

En este paquete de medidas, el purpurado también reclamó que las ayudas a los dependientes «se ejecuten proyectos concretos» y lamentó el abandono de los cuidados paliativos.

Al poner la mirada en los niños y los jóvenes, lanzó sus dardos contra el aborto y la futurible ley trans: «Se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico, sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad». «La llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma no tiene fundamento médico ni científico», sostuvo.

En clave interna, el cardenal llamó a los obispos a respaldar el «proceso sinodal» propuesto por el pontífice argentino para lograr una Iglesia «más participativa». Por ello, les recordó que «no cabe la pasividad ni la resignación».

En este acto de apertura, también tomó la palabra el nuncio Bernardito Auza, que aplaudió la labor de los obispos en su lucha contra la lacra de los abusos y los animó a afrontar la auditoría vaticana a los seminarios ante «las disposiciones que la Santa Sede tomará».