Eva Iglesias, propietaria de una vivienda, se encuentra atrapada en un conflicto legal que le impide vender su propiedad desde que sus inquilinos, una familia con niños, dejaron de pagar el alquiler y se negaron a abandonar el inmueble.

La mujer explica que la situación comenzó cuando informó a sus inquilinos sobre su decisión de poner la vivienda en venta, momento en el cual estos suspendieron el pago de la renta y le impidieron el acceso para mostrar la propiedad a potenciales compradores.

La propietaria detalla que la convivencia con la familia inquilina había sido cordial hasta que, en 2023, comunicó su intención de vender la casa. "Coincide que, cuando se entera, deja de pagar", afirmó Iglesias, quien añadió que la inquilina le negó expresamente la entrada a la vivienda para realizar las visitas necesarias para concretar la venta. Esta situación se ha prolongado durante dos años, generándole importantes pérdidas económicas y una gran frustración.

Un laberinto legal sin solución inmediata

El caso se encuentra actualmente en proceso de mediación obligatoria (MASC), Iglesias explica que si un juez recibe una demanda de este tipo sin constar un intento de mediación, "te lo deniega totalmente". Este procedimiento, aunque necesario, alarga aún más la resolución del conflicto, manteniendo a la propietaria en una situación de incertidumbre.

La propietaria critica cómo el sistema judicial ha declarado "vulnerables" a sus inquilinos, lo que en la práctica se traduce en una protección que prolonga su estancia en la vivienda. "¿Solución? Pues nada, esperar a que los hijos sean independientes económicamente y se puedan ir", comentó con ironía, reflejando la desesperación que siente ante la falta de alternativas viables.

Eva Iglesias reclama al Estado que proporcione viviendas de protección oficial a familias en situaciones de vulnerabilidad real, lo que permitiría a los propietarios recuperar sus inmuebles sin tener que esperar años.