La polémica Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE sale adelante tras meses de estancamiento

La controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza, que ha puesto de uñas a los agricultores europeos, ha sido finalmente aprobada y con un giro de guion propio de su tumultuosa tramitación. Primero fue el voto in extremis de Hungría, que en el último momento se pronunció en contra del preacuerdo de las tres principales instituciones europeas y este lunes ha sido el cambio de postura de la ministra de Medio Ambiente austriaca, Leonore Gewessler.

Un giro de la ministra, anunciado este pasado domingo, en contra de la posición oficial del Gobierno austriaco, que incluso amenaza con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que Gewessler ha incurrido en un abuso de poder. La ministra rebelde se ha defendido diciendo que “hacen falta decisiones valientes” ya que “están en juego vidas”.

Las tres principales instituciones europeas -Comisión, Consejo y Parlamento- llegaron a un acuerdo en el mes de noviembre para recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados para 2030 y todos ellos en el año 2050. La firme oposición de los agricultores y ganaderos, que consideran que se está poniendo en peligro su modo de vida y la seguridad alimentaria europea, y también del Partido Popular Europeo en la Eurocámara (que finalmente votó en contra) han complicado la tramitación durante estos meses, a pesar de que el texto ha sido rebajado respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario.

Los países que tradicionalmente se habían mostrado en contra de la normativa eran Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia. A este grupo se sumo después Hungría. El cambio de postura de Austria y la abstención de Bélgica han permitido el acuerdo final poco antes de que expire la legislatura.

Para calmar la ira de los agricultores, el texto final contempla la posibilidad de poner en marcha un freno de emergencia que permite suspender esta nueva legislación durante un año en el caso de los ecosistemas agrícolas, si se producen situaciones de excepcionalidad que escapan al control europeo que supongan consecuencias severas para la seguridad alimentaria.

Además, en el año 2033 la Comisión Europea se ha comprometido a preparar un informe sobre la aplicación de esta legislación y sus consecuencias para la agricultura, pesca y los bosques europeos así como el impacto económico, lo que puede abrir la puerta a destinar más fondos para el sector.

Actualmente ya existe una legislación denominada Natura 2000 que establece los espacios protegidos y, como modo de que la transición sea más fácil, el acuerdo final permite que hasta 2030 los países europeos prioricen la restauración de los hábitats que ya están incluidos en esta red ya establecida. En la misma línea, los Veintisiete también podrán aminorar el paso para la restauración de las turberas vaciadas utilizadas para la agricultura, de forma que el objetivo sea un 30% en 2030, un 40% en 2040 y un 50% en 2050, aunque aquellos países más afectados podrán rebajar estas cifras. Las turberas son aquellas áreas terrestres con acumulación de material orgánico en el suelo en estado de descomposición. Contribuyen a la lucha contra el cambio climático ya que suponen un sumidero de carbono natural. Su conservación y restauración reduce las emisiones al absorber el carbono de la atmósfera.

Además, este paquete también incluye la obligación de que los Estados miembros pongan en marcha como muy tarde para 2030 medidas para revertir el declive de las especies polinizadoras. A partir de esta fecha, los países europeos deberán analizar los progresos al menos cada seis años. Además, el pre- acuerdo alcanzado también pide a los países europeos que contribuyan a plantar tres mil millones de árboles más de aquí a 2030 en todo el territorio comunitario; no reducir espacios verdes en las ciudades y eliminar barreras artificiales de los ríos para que al menos 25.000 kilómetros fluviales estén libres para 2030.