Así se esfumaron 45 millones de las fundaciones de Pere Mir

La investigación judicial sobre las fundaciones Cellex y Mir Puig, creadas por el filántropo catalán Pere Mir, ha destapado una compleja red de transferencias internacionales que habrían desviado 45 millones de euros a la sociedad Pinar SA, registrada en Luxemburgo. Este entramado, ahora bajo el escrutinio de la jueza Myriam Linage, ilustra cómo el patrimonio destinado a la ciencia y la asistencia social pudo evaporarse entre 2018 y 2021 sin que los mecanismos de control de la Generalitat detectaran las irregularidades. Pinar SA fue constituida en 2017 en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, bajo el objeto social de «inversiones en energías renovables y desarrollo tecnológico».

Sin embargo, según la auditoría forense de KPMG encargada por la Generalitat, la sociedad nunca ejecutó proyectos acordes a su misión. Los documentos judiciales revelan que Pinar SA tenía un capital social de apenas 15.000 euros y una dirección postal genérica en el distrito financiero de Kirchberg, Luxemburgo. Aunque oficialmente pertenece a un fondo de inversión luxemburgués, la fiscalía sospecha que los verdaderos accionistas son testaferros vinculados a los albaceas de Mir. «Es una estructura típica de blanqueo: crear una empresa en un paraíso fiscal, inflar su capital con fondos desviados y luego liquidarla sin dejar rastro», explica un agente de la Unidad de Delincuencia Económica de los Mossos d’Esquadra.

Entre 2018 y 2021, las fundaciones Cellex y Mir Puig realizaron doce transferencias por un total de 45 millones de euros a Pinar SA. Los justificantes presentados por los albaceas –el oncólogo Josep Tabernero, el abogado Jordi Segarra y el letrado Juan Francisco Capellas– alegaban que el dinero se destinaba a «inversiones de impacto en energía limpia».

En declaraciones a la Fiscalía, los albaceas han defendido la legalidad de las operaciones. Jordi Segarra, presidente del patronato de las fundaciones hasta su destitución en abril de 2025, argumentó que las transferencias a Pinar SA respondían a «una estrategia de diversificación patrimonial aprobada por todos los órganos de gobierno». Josep Tabernero, por su parte, insiste en que su papel como albacea fue «meramente testimonial» y que nunca participó en decisiones financieras. Sin embargo, documentos internos muestran que firmó la venta de la masía de Vall d’Aran –adquirida por él en 2018–y avaló informes que justificaban las inversiones en Luxemburgo.

Las autoridades luxemburguesas, famosas por su hermetismo financiero, se han limitado a confirmar la existencia de Pinar SA, pero se niegan a compartir datos sobre sus beneficiarios reales. La jueza Linage ha solicitado ayuda mediante Eurojust, el órgano de cooperación judicial de la UE, pero el proceso podría alargarse años. «Luxemburgo es una caja negra. Sin presión política europea, es casi imposible rastrear el dinero», admite un fiscal del caso.

El caso Pinar SA evidencia fallos estructurales en la supervisión de fundaciones: un Protectorado inoperante, una opacidad internacional que convierte a Luxemburgo en un agujero negro para la justicia española y una cultura de impunidad donde los altos salarios de los administradores –Segarra cobraba 320.000 euros anuales– contrastan con el colapso patrimonial. Mientras la jueza Linage prepara imputaciones por blanqueo de capitales y fraude fiscal, la ciencia catalana intenta recomponerse. El legado de Pere Mir, diseñado para impulsar el bien social, se debate entre la opacidad de Luxemburgo y la urgente necesidad de transparencia.

La ausencia de auditorías externas en las fundaciones Cellex y Mir Puig durante un periodo de seis años, desde 2017 hasta 2023, ha sido uno de los elementos centrales que ha desencadenado la investigación judicial sobre la presunta administración desleal y apropiación indebida del legado filantrópico de Pere Mir. Las fundaciones con un patrimonio y unos ingresos tan elevados como los que gestionaban Cellex y Mir Puig están obligadas a someter sus cuentas anuales a auditorías externas para garantizar la transparencia y la correcta gestión de sus recursos. Esta obligación se activa cuando se superan ciertos límites de activos, ingresos o plantilla, algo que ambas fundaciones sobrepasaban ampliamente, y además recibían subvenciones públicas que también exigen auditoría. Sin embargo, durante seis años no presentaron auditorías externas, lo que generó un vacío de control que facilitó operaciones opacas y la reducción drástica del patrimonio declarado, que pasó de aproximadamente cuatrocientos millones a solo doce millones de euros en 2023.

Este incumplimiento no solo representa una infracción legal, sino que ha sido señalado como un factor agravante en la investigación judicial, ya que la ausencia de auditorías impidió detectar irregularidades como la venta de activos a precios inferiores al mercado, transferencias a sociedades vinculadas y la desaparición de bienes valiosos. Además, el Servicio de Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, encargado de supervisar estas entidades, no actuó con la diligencia necesaria pese a las denuncias y alertas recibidas, lo que ha motivado una investigación interna para esclarecer las causas de esta inacción.

La falta de auditorías externas también ha tenido un impacto directo en la confianza de donantes y beneficiarios, poniendo en riesgo proyectos científicos y sociales financiados por las fundaciones. Instituciones como el Institut de Ciències Fotòniques y el Vall d’Hebron Instituto de Oncología han visto amenazados sus presupuestos y programas debido a la incertidumbre generada por este escándalo. En definitiva, la ausencia de auditorías externas en Cellex y Mir Puig durante un periodo tan prolongado ha sido un elemento clave que ha permitido la presunta mala gestión y el desvío de fondos, evidenciando la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia en el sector filantrópico.