China intensifica la represión religiosa con una redada masiva contra la Iglesia Sion

Una operación policial coordinada a escala nacional contra la Iglesia Sion de Pekín representa la última manifestación de la campaña sistemática del Partido Comunista Chino (PCCh), bajo el liderazgo de Xi Jinping, para subyugar las expresiones religiosas independientes. Desde el pasado día 9 al menos 30 pastores, diáconos y líderes laicos de esta influyente congregación protestante han sido detenidos o permanecen en paradero desconocido, en una de las redadas más amplias y meticulosamente planificadas contra una iglesia no registrada en las últimas décadas. Esta acción abarca más de 40 ciudades y afecta a una red con unos 10.000 fieles, destacando la escala sin precedentes de la persecución.

Fundada en 2007 por el pastor Jin Mingri (conocido como Ezra Jin), la Iglesia Sion surgió en el contexto posrevolucionario cultural, cuando las congregaciones urbanas comenzaron a resurgir tras la devastación de la Revolución Cultural (1966-1976). Inicialmente era un pequeño grupo de 20 personas, pero creció exponencialmente hasta alcanzar los 1.500 miembros en su apogeo en Pekín, atrayendo a profesionales urbanos, intelectuales y estudiantes universitarios por su énfasis en la exégesis bíblica rigurosa y su rechazo a la interferencia estatal.

Esta independencia la posicionó en oposición al Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías, la entidad estatal que supervisa las iglesias protestantes registradas y exige lealtad al PCCh.

En septiembre de 2018, las autoridades clausuraron el templo principal en Pekín, citando «actividades ilegales» tras la negativa de la iglesia a instalar cámaras de vigilancia gubernamentales. Este cierre formó parte de una oleada nacional de represión contra templos domésticos, que resultó en la disolución de varias congregaciones prominentes.

A pesar de ello, la de Sion se adaptó mediante un modelo descentralizado con reuniones en hogares privados y plataformas digitales cerradas para estudios teológicos y sermones en línea. Esta resiliencia, sin embargo, la expuso a las regulaciones cada vez más estrictas sobre la evangelización digital, implementadas bajo el pretexto de prevenir «infiltraciones extranjeras».

La ofensiva actual se inició con la detención del pastor Wang Lin en un aeropuerto sureño y la del fundador Jin Mingri en su residencia en Guangxi, extendiéndose posteriormente a provincias como Pekín, Shanghái, Zhejiang, Shandong y Sichuan.

Agentes policiales se incautaron dispositivos electrónicos, materiales religiosos y documentos, en una acción descrita como «la ola de persecución más extensa y coordinada» contra cristianos en más de cuatro décadas. Los cargos incluyen «difusión ilegal de información religiosa en internet», amparados en las Medidas para la Administración de Servicios de Información Religiosa en Internet (2022), que prohíben cualquier predicación o enseñanza en línea sin licencia estatal y requieren una «identidad digital oficial» aprobada por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos.

Estas normativas exigen que el contenido religioso se alinee con el «socialismo con características chinas», vetando de forma explícita la promoción de «extremismo religioso» o cualquier forma de proselitismo no autorizado.

El año pasado, miles de adherentes a grupos no registrados enfrentaron arrestos y encarcelamientos, con casos como el del pastor Kan Xiaoyong, sentenciado a 14 años por cargos de «fraude» o «subversión. Este patrón se extiende a otras minorías, con detenciones de clérigos católicos subterráneos y practicantes de Falun Gong.

La política de «sinización»

La «sinización de la religión», promovida por Xi desde su ascenso en 2012, constituye el eje central de la estrategia del PCCh para alinear las prácticas religiosas con los principios socialistas y la hegemonía partidaria. Definida en el Congreso Nacional del PCCh de 2017 y reforzada en conferencias nacionales sobre asuntos religiosos (como la de diciembre de 2021), esta política exige que las religiones se «adapten a la cultura china y al socialismo», integrando elementos como la lealtad al partido en doctrinas y rituales. En la práctica, ha implicado la modificación arquitectónica de lugares de culto (por ejemplo, reemplazando minaretes musulmanes por pagodas chinas), la prohibición de símbolos religiosos extranjeros y la imposición de «planes quinquenales de sinización» en asociaciones estatales.

Estadísticas estiman que el 18% de la población china es budista, el 5% cristiana y el 2% musulmana, pero solo las cinco religiones reconocidas (budismo, taoísmo, islam, catolicismo y protestantismo) operan bajo asociaciones patrióticas controladas por el PCCh. Grupos no registrados carecen de estatus legal y enfrentan cargos vagos como «actividades ilegales» o «amenaza a la seguridad nacional».

Implicaciones legales y reacciones internacionales

El marco jurídico chino, anclado en la Constitución de 1982, garantiza nominalmente la “libertad de creencia religiosa” pero limita las prácticas a “actividades normales” y prohíbe cualquier interferencia extranjera. Sin embargo, regulaciones como las Medidas Administrativas para Clérigos Religiosos (2021) exigen que el clero jure lealtad al PCCh y promueva la sinización, violando el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por China en 1998 pero no ratificado.

Se han documentado al menos 1.000 casos de cristianos independientes afectados en 2024 por detenciones prolongadas sin juicio. Reacciones internacionales incluyen la demanda de Estados Unidos para la “liberación inmediata” de los detenidos, con el Secretario de Estado Marco Rubio condenando la hostilidad del PCCh hacia cristianos independientes. La Unión Europea ha expresado preocupación por la opacidad procesal, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recopila informes sobre desaparecidos. Pekín defiende las operaciones como “conformes a la ley” y destinadas a “prevenir la infiltración extranjera” y “mantener el orden social”.

Pese a la represión, los fieles de Sion continúan sus actividades de manera discreta, utilizando encuentros domésticos y conexiones encriptadas. Desde Hong Kong, Taiwán y la diáspora china se han organizado iniciativas de apoyo jurídico y solidaridad. Organizaciones religiosas internacionales han señalado el caso como un ejemplo del deterioro de estas libertades en territorio chino, en un contexto donde el control estatal sobre la fe se intensifica.