Cuatro años de cárcel para un celador del hospital de Guadalajara: obligó a una paciente a hacerle una felación

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a cuatro años de cárcel a un celador que abusó sexualmente de una joven en el Hospital Universitario de Guadalajara en 2020, en plena pandemia de coronavirus. La víctima, que tenía entonces 18 años, llevaba más de un mes ingresada debido a un trastorno de conducta alimentaria.

Según recoge la sentencia, los hechos se remontan al 23 de julio de 2020 cuando el acusado, "con ánimo de satisfacer sus libidinosos instintos", entró en la habitación de la víctima mientras esta estaba leyendo un libro en la butaca y le dio un beso en la boca. A continuación, salió de la habitación, y transcurridos unos minutos, el celador volvió, y "con idéntico ánimo, se bajó los pantalones y la ropa interior que portaba". Mientras ella seguía sentada en la butaca, "le obligó a practicar sexo oral, quedando ella bloqueada en estado de shock ante lo inesperado de la situación". Después le dijo que no contara nada de lo sucedido, pues le "hundiría la vida".

Como consecuencia de estos hechos la víctima sufrió trastorno por estrés agudo, y una fuerte crisis de ansiedad con episodio de agitación psicomotriz, hiperventilación y contusión en la mano derecha días después, seguido de un estado sincopal que le produjo el fraccionamiento de varias piezas dentales, "con secuelas por una alteración traumática de la oclusión dental y perjuicio estético leve", prosigue la sentencia. En la misma se considera acreditado que los hechos declarados probados "resultan legalmente constitutivos de un delito de abuso sexual", siendo el testimonio de la víctima "pieza fundamental" de la carga incriminatoria que recae sobre el procesado, al igual que el resto de la testifical y la pericial. Además, dicha sentencia recoge que "no hay nada que lleve a pensar" que la víctima denunciante trataba de conseguir un beneficio injustificado o causar un perjuicio al acusado, al que no conocía con anterioridad a los hechos.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular pidieron de ocho años a ocho años y medio de cárcel para este hombre, aunque finalmente la sentencia le ha condenado a cuatro, más cinco de libertad vigilada. Además, deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales y 4.170 por lesiones y secuelas, con la responsabilidad civil subsidiaria del Servicio de Salud de Castilla La Mancha. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días desde la notificación.

Ahora, la víctima que tiene 21 años quiere “visibilizar" lo sucedido para que "no vuelva a ocurrir y si vuelve a suceder que no se trate de esta manera”. Considera que la pena impuesta es escasa y que el hospital ha hecho oídos sordos a la denuncia de la joven. Según relata al programa Espejo Público de Antena 3, cuando puso su caso en conocimiento de los sanitarios, no sintió ningún respaldo por parte de la psiquiatra del hospital. “La psiquiatra me dice que es un problema que tengo que gestionar, yo decido si sigo adelante con el tema y denuncio; o si, por el contrario, ellos hacen como que no ha pasado nada y se queda todo ahí”. "Cuando lo conté pedí por favor que se revisaran las cámaras y la psiquiatra me dijo que esas cámaras eran de vigilancia y no de grabación. Mi abogado descubrió que sí grababan y se destruía en unos días”, añade. Además, la joven denuncia que después de lo ocurrido el celador siguió trabajando en el hospital un año y medio más.

Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, celebraba este miércoles la condena. "Estoy satisfecha de que haya caído todo el peso de la ley contra el agresor", aseguró al ser preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta semana. "Aquí no hay discusión de ningún tipo. Y desde luego como Gobierno nos alegramos que haya una sentencia en la que se resarza de alguna manera a la víctima", afirmó. Dicho esto, la titular de Igualdad ha defendido que, en términos generales, "los protocolos funcionan, la ley funciona" y, por ello, está contenta de que "haya caído todo el peso de la ley contra la agresor". No obstante, ha manifestado que "ojalá no se hubiera producido una situación tan lamentable en un hospital público".

Sobre el hecho de que las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el pasillo del hospital se borraran antes de tiempo, Blanca Fernández señaló que "hay que intentar aprender de los errores". "Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar". "No se había dado nunca en el sistema público de salud, no nos había ocurrido nunca, y desde luego, una vez vista la situación, lo que está claro es que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia", aseveró Fernández.