El Foro de la Familia y RedMadre presentan un proyecto de ley de protección de la maternidad

El Foro de la Familia y la Fundación RedMadre han enviado al Ministerio de Justicia sus alegaciones al anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Se trata de un documento de 11 páginas que se acompaña de un proyecto de ley de protección a la maternidad completamente desarrollado y articulado. Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia ha valorado el anteproyecto de ley destinado a sustituir la ley del aborto de del PSOE destacando que "este anteproyecto de ley no es el proyecto del Foro de la Familia, pero es un paso adelante muy importante en la buena dirección. Valoramos positivamente que derogue la ley de 2010 íntegramente, que suprima el llamado sistema de plazos, que restablezca la protección de los portadores de minusvalías frente al aborto eugenésico, que exija más seriedad en la comprobación del supuesto terapéutico, que proteja la objeción de conciencia del personal sanitario, que establezca un sistema de información y asesoramiento a la mujer embarazada en clave de protección a la vida del no nacido, que vuelva a proteger a las menores de edad frente al aborto restableciendo la presencia y derechos de los padres. Este anteproyecto es un primer paso -insuficiente, pero relevante- para conseguir llegar al objetivo para nosotros irrenunciable: un país sin abortos, una nación con leyes que protejan siempre y sin excepción alguna la vida del aún no nacido y el derecho de toda mujer a ser madre".

El presidente del Foro de la Familia calificó el proyecto como "muy ilusionante"; ya que con él, "España se suma a los países que están viviendo un proceso de recuperación del compromiso con el derecho a la vida como es el caso de los EEUU y muchos países de América Latina y Europa del este".

Entre los aspectos que el Foro de la Familia y RedMadre exigen que se modifiquen para que la ley suponga de verdad un avance sustancial respecto a la ley de 2010, las asociaciones exigen que los médicos que emitan el informe previo para el aborto terapéutico han de ser funcionarios públicos, a fín de garantizar totalmente la obligación estatal de comprometerse en la comprobación del supuesto de hecho de algo tan serio como la no punibilidad de un aborto. También piden la supresión del aborto de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, la exigencia de que la objeción de conciencia sea declarada por el interesado en la semana siguiente a tomar posesión de su plaza no es respetuosa con el ejercicio de un derecho fundamental y debe suprimirse. Asimismo, se mostraron partidarios de que la nueva norma incorpore una regulación de políticas activas de apoyo a la maternidad "pues en caso contrario se incumpliría el programa electoral del PP y se generaría un desequilibrio injusto en la regulación que se propone".

Para garantizar la información y transparencia que resultan imprescindibles para evitar que se reproduzca el fraude de ley, "hay que prever que la Inspección de Sanidad realice un seguimiento permanente de los abortos que se practiquen tanto en los centros públicos como en los centros privados acreditados y haga un informe trimestral que se elevará al titular del Ministerio de Sanidad y posteriormente al Congreso de los Diputados y al Senado".

La directora general de RedMadre, Carmina García-Valdés, explicó que el anteproyecto debe complementarse con una regulación del derecho a la maternidad y de protección a la mujer embarazada. En este sentido, García-Valdés dijo que "así lo exigen razones de justicia material y así estaba previsto en el programa electoral del PP en las últimas elecciones generales. Este objetivo puede conseguirse, bien con la adición de un nuevo titulo al propio anteproyecto, bien con la aprobación en paralelo de una ley específica sobre esta materia. Para facilitar esta exigencia, el Foro de la Familia y RedMadre han remitido al Ministerio un proyecto de ley de protección a la maternidad que debería aprobarse y tramitarse en paralelo al anteproyecto para que el Ordenamiento camine en paralelo hacia una mayor protección de la vida del concebido y una mayor protección de la mujer para que ninguna se sienta sola ante los problemas derivados de un embarazo imprevisto".

García-Valdés explicó que "el proyecto de ley que se ha remitido al Ministerio está redactado teniendo en cuenta las actuales circunstancias presupuestarias y permite, en consecuencia, una aplicación con incidencia en el gasto público controlada. Su aprobación no supondría directamente un mayor gasto público pero permitiría ir arbitrando políticas públicas de apoyo a la maternidad".

Además, añadió, "el texto que se propone tiene en cuenta las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por el Foro de la Familia y suscritas por casi un millón de ciudadanos, y las leyes aprobadas en distintas Comunidades Autónomas como consecuencia de esas ILP en los últimos años, junto con las propuestas legislativas en materia de protección de la maternidad hechas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura".