Los expertos reclaman más fondos y mayor efectividad para que la Sanidad no quiebre

Pedro Sánchez lo anunció a bombo y platillo a comienzos de la pasada legislatura: aumentaría la previsión presupuestaria para Sanidad a un 7% en el ejercicio del año 2024. Nada más lejos de la realidad. Tal y como avanzó ayer LA RAZÓN, el plan presupuestario que el Ejecutivo en funciones ha remitido a la Comisión Europea apenas dedica a la Sanidad un 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en el próximo ejercicio, exactamente la misma partida que consignó el pasado año. Esta promesa incumplida ha provocado la condena de profesionales sanitarios y expertos, los cuales, denuncian que la sanidad se trate con frivolidad en vez de dotarla de los recursos que se merece. Los expertos aseguran que un aumento de la financiación revertiría la grave crisis que vive la Sanidad pública española, una situación protagonizada por el aumento récord del número de pacientes en lista de espera para operaciones y pruebas diagnósticas y del preocupante retraso en la incorporación de los medicamentos más innovadores.

“El gobierno ha congelado las perspectivas de subidas del PIB en el presupuesto del gasto sanitario para el 2024 dejándolo en un pírrico 6,7%. La realidad es que el gasto sanitario sube a ritmos del 10% anual y no subir proporcionalmente el PIB destinado al mismo sólo va a producir menor capacidad de atención a la población y mayor endeudamiento hacia las empresas proveedoras del sistema”, comenta Juan Abarca Cidón, presidente y director general en HM Hospitales. Y compara los porcentajes de nuestro país con los de nuestros vecinos: “El gasto sanitario público de los países de nuestro entorno, de aquellos a los que nos queremos parecer, ronda entre el 8,5 y el 10% del PIB y va en aumento. Mientras, aquí seguimos con los recursos destinados congelados cuando cada vez hay más necesidad porque cada vez vivimos más y hay más necesidades relacionadas con la policronicidad, la prevención y la Salud mental”.

En esta misma línea de condena se ha expresado Boi Ruiz, consejero de Salud en el gobierno de Artur Mas entre los años 2011 y 2015. “Aquella promesa que hizo Sánchez no se podría materializar en ningún sentido porque el Gobierno central maneja el presupuesto del Ministerio de Sanidad, pero no de la Sanidad. Las responsables de decidir a qué ámbito dedican sus presupuestos son las comunidades autónomas. Así, el presupuesto de la atención sanitaria está dentro de la financiación autonómica y, además, no son partidas finalistas. La manera que tiene el Gobierno de mejorar la financiación sanitaria es mejorando la financiación autonómica. Pero esto no lo sabe la sociedad porque tenemos un sistema imperfecto y opaco”, ha denunciado. Y añade otra salvedad: “Hay un vicio en la sanidad pública que es comparar el presupuesto inicial de un año con el homónimo del año siguiente en vez de comparar con el presupuesto de cierre de año. Para asignar los presupuestos adecuadamente y conocer la cuantía que haría falta en cada caso habría que determinar el gasto de cada comunidad autónoma y hacerlo de forma correcta teniendo en cuenta exclusivamente a quienes están cubiertos por la sanidad pública”.

Ignacio Riesgo, expresidente de la European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) y consultor en salud, también muestra su escepticismo ante los porcentajes presentados en Bruselas. “En el último sistema de cuentas de sanidad, el gasto sanitario llega al 8%. Por lo tanto, me da la impresión de que este documento es más bien para cubrir el expediente frente a Europa que realmente una auténtica previsión de lo que puede pasar en Sanidad. Pasar del 8% actual al 6,7% significaría una reducción significativa del gasto sanitario”, afirma.

Mayor inversión

Según los expertos, nuestro sistema sanitario sufre grandes deficiencias que no se subsanarían exclusivamente con un aumento del porcentaje del PIB dedicado a Sanidad. “El sistema sanitario español necesita reformas. No se trata de aumentar la financiación por aumentar la financiación, sino de aumentarla porque se requiere introducir ciertas mejoras en el sistema en materia de listas de espera, en materia de atención primaria, en materia de digitalización, de nuevas políticas profesionales, de atención dental, de atención mental, etcétera. Todas estas reformas requieren algún esfuerzo financiero adicional y quiero recordar que España gasta en Sanidad muy por debajo de la media en porcentaje de PIB de la media de los países de la Unión Europea y también en gasto per cápita en Sanidad”, subraya Ignacio Riesgo. Y añade: “Ese aumento de financiación o parte, al menos, debería ir dedicado al fondo de cohesión con el fin de impulsar ciertos programas de mejora generales en relación con el sistema nacional de salud”.

De la opinión de mejorar la inversión pública también es Juan Abarca, pero puntualiza que también se necesita mucha más eficiencia. Este experto apuesta por cambiar las políticas que rigen la gestión de “un sistema público en la que la eficiencia es una asignatura pérdida (u olvidada)”. Lamenta que estas medidas solo fomentarán “que cada vez haya más de una, dos y tres sanidades distintas en función de las posibilidades individuales de cada uno”.

En opinión de Boi Ruiz, sería conveniente crear una central de resultados en nuestro Sistema Nacional de Salud. “Todas las comunidades autónomas tienen déficit. Tener más presupuesto es seguir haciendo lo mismo con menos déficit”, indica.

Datos pésimos

Al colapso que sufrieron en 2020 y 2021 la atención primaria y los hospitales de la mayor parte del país por el empuje del virus le sucedieron un aumento del número de enfermos en espera de una consulta diagnóstica o una intervención quirúrgica, con tiempos medios de espera disparados.

Según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, a finales del pasado mes de diciembre había 793.521 pacientes en espera de pasar por el quirófano –nunca antes la cifra fue tan alta– y lo hacían una media de 120 días, aunque en algunas especialidades y autonomías la demora se disparaba por encima de los 400 días. Por su parte, el tiempo medio para acceder a la consulta de un especialista era de 95 días, aunque en territorios como Andalucía y Canarias se elevaba a 123 y 121 días de media, respectivamente.