Entrevista

«El giro de este Papa contra los abusos está cambiando la Iglesia»

Letizia de la Hoz, socia fundadora de la Asociación Infancia Robada de víctimas eclesiales, es una de las expertas que ha elaborado el informe antiabusos del Defensor del Pueblo

Letizia de la Hoz abogada.
Letizia de la Hoz, abogadaCedida

Cuando Leticia se topó como abogada con la primera víctima de la pederastia eclesial no había cursado ningún máster específico sobre esta lacra. Era un tema tabú, silenciado. Eso le llevó a ser socia fundadora de la Asociación Infancia Robada, el colectivo más mediático de víctimas de la Iglesia. Hace un año y medio, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la fichó para formar parte de la comisión asesora que ha dado forma a la radiografía de 777 páginas que radiografía los abusos sexuales en el seno de la comunidad católica.

¿Satisfecha con el resultado del informe o con sabor agridulce?

Conozco y reconozco cada una de las páginas, como resultado de un trabajo de un equipo multidisciplinar con expertos de procedencia muy diversa y basado en unos criterios objetivos.

¿Qué ecos tiene de las víctimas que acompaña?

Están satisfechas por el reconocimiento de hechos que recoge este informe y esperanzadas porque suponga un paso más porque se abren las vías de la reparación, de la indemnización y de la prevención para que esto no vuelva a ocurrir. Que una institución como el Defensor del Pueblo lleve a cabo una investigación, corrobore unos hechos y lo ponga por escrito es un hito histórico.

El informe propone un fondo estatal de compensación. Los obispos aceptarán colaborar si se indemniza, no solo a las víctimas de la Iglesia sino a las de otros ámbitos como el deportivo o el familiar. ¿Se evitarían así discriminaciones entre víctimas?

La comisión asesora del Defensor del Pueblo ha tenido una encomienda del Congreso que se nos pide estudiar el problema de los abusos sexuales en la Iglesia para determinar qué responsabilidad tenía tanto la Iglesia como los poderes públicos. No se nos pedía analizar otros ámbitos. Desde ese punto de vista pedimos el fondo de reparación a las víctimas en el que contribuyan los responsables: la Iglesia y la Administración. Para otros problemas y otras víctimas habrá que buscar otras soluciones. Que la Iglesia deba indemnizar a las víctimas viene derivado de su responsabilidad en estos casos, aunque solo sea por no haber sabido detectar el problema y cuando lo supo, no dio una respuesta rápida y satisfactoria. Le pedimos a la Iglesia que se responsabilice en la que ha cometido, dicho de manera coloquial, negligencia, bien por omisión, negación, encubrimiento…

Estudio reconoce cambios en la Iglesia ¿En qué se percibe?

Muchísimo. El cambio fundamental fue el motu proprio del Papa Francisco «Vos estis lux mundi», que en 2019 impuso unos nuevos protocolos de acogida, escucha, sanación y denuncia ante casos de abuso sexual. Fue un cambio fundamental y supuso un antes y un después, tal y como recoge el informe. Una vez que el Papa dio este giro de 180 grados, el resto de la Iglesia comenzó a cambiar. Aun así la Iglesia es muy grande, unos sectores son más resistentes, otros se han acercado más a las víctimas… Cuando empecé a acompañar a las primeras víctimas ni siquiera lo podían contar en su familia y las propias víctimas sentían vergüenza por decir que habían sufrido este tipo de delitos. Ahora se les está escuchando y reconociendo.

¿Cuál es la asignatura pendiente más urgente para la Iglesia?

Por un lado, ahondar todavía más en la prevención. Y, por otro, en la reparación, y no solo la económica. Las víctimas, en muchos casos, solo piden que se les pida perdón y eso en no pocos casos todavía no se ha producido. Que la institución reconozca que hubo un delito aunque haya prescrito por lo civil y que admita que la víctima no provocó ese sufrimiento y que no fue culpable de lo ocurrido es necesario. Muchas veces necesitan que simplemente se ponga por escrito porque su sentimiento de culpabilidad y complicidad es tan grande tantos años después que tienen que ver que se «certifica» que no es así en un papel. Cuando hay un reconocimiento de hechos y la Iglesia admite la culpabilidad de un agresor, aunque esté fallecido, en ese instante arranca el proceso de sanación de esa persona. Por eso es tan importante que, cuando una víctima lo reclame, se pueda ver su expediente, se pueda abrir los archivos históricos como signo de transparencia, se pueda comprobar si se hicieron o no bien determinados trámites…

Como abogada, ¿qué le pide hoy a la Iglesia?

Lamentablemente, todavía hoy, en los procedimientos canónicos la víctima no tiene una participación activa. Ponen la denuncia y luego no tienen más intervención. Hay voces, como el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Morán, que en varios escritos ha solicitado que ese proceso se tiene que revisar. Esto hace que las víctimas se sientan desprotegidas porque no saben realmente qué ha pasado con su caso ni en qué fase está. Incluso se han producido condenas canónicas y no se les ha informado. Si tú pones una denuncia en un juzgado español eres parte del procedimiento y sabes lo que está pasando, en el derecho penal canónico, no. La víctima no tiene derecho a nada. Es un anacronismo y, por tanto, una reivindicación muy legítima. Por ejemplo, la nueva instrucción aprobada por la Conferencia Episcopal es una ayuda, pero no puede dar más pasos si no se reforma todavía más desde Roma.

Obispos y congregaciones han valorado positivamente el informe, más allá de la polémica sobre la extrapolación de la encuesta del informe. ¿Se esperaba esta receptividad?

El informe se ha realizado con un trabajo tan minucioso que es difícilmente contestable. Aunque la Iglesia no ha formado parte de la comisión, la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos nos han facilitado información y han compartido pareceres, inquietudes… La encuesta es capítulo aparte.

Si se extrapolan los datos del sondeo de una tacada se puede hablar de 440.000 víctimas de la Iglesia y, de la misma manera, se podría llegar a afirmar que cada sacerdote o religioso, sin excepción, abusaría de hasta diez españoles. ¿El problema de estos datos es la encuesta, la extrapolación o ambas?

Dimensionar los problemas es importante para saber ante qué nos enfrentamos, pero no iría más allá. Nosotros no hemos trabajado sobre cifras, simplemente nos hemos puesto en manos de un tercero que no ha extrapolado cifras. Tampoco hemos extrapolado nosotros. Los números, siendo importantes para ubicar el alcance, no es lo fundamental del informe. Lo que buscábamos y buscamos es dar a las víctimas «una respuesta necesaria», que es el título del informe. Entiendo que para los medios los datos sean atractivos, pero para nosotros el centro ha sido y es cada víctima.