Sanidad Pública

Los sindicatos médicos y los pacientes de Baleares, contra el «decretazo» del catalán

Consideran que el catalán debe ser un mérito para acceder a la sanidad pública balear, nunca un requisito

Manifestación organizada por la plataforma ciudadana "Mos Movem, En Marcha, Let's go"hoy por las calles del centro de Palma. EFE/CATI CLADERA
Manifestación organizada por la plataforma ciudadana "Mos Movem, En Marcha, Let's go"hoy por las calles del centro de Palma. EFE/CATI CLADERAlarazon

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha venido mostrando su “rechazo absoluto” al decreto del catalán desde su aprobación y ha avanzado que no admitirán “ningún maquillaje” y que seguirán luchando. Pese a que el PSOE anunció este mes que “suavizaría” lo que se ha venido llamando “el decretazo”, el Simebal insiste en que sea un mérito y no un requisito.

El ejecutivo de la socialista Francina Armengol, ante el rechazo popular a la medida, anunció que el decreto lingüístico se aprobaría con consenso y que, aunque no se eliminaba la obligatoriedad del catalán, sí que los opositores a una plaza en el sistema público de salud balear podrán obtener la titulación de catalán que se exige para cada nivel profesional en un plazo de dos años a partir del momento en que se haya aprobado la oposición.

Simebal asegura que “está a favor de medidas de apoyo para la implantación progresiva e incentivada del conocimiento de la lengua catalana en el ámbito de los profesionales de la sanidad pública balear” pero considera que “dicho conocimiento debe constituir en todo caso un mérito para el acceso a los puestos, pero no un requisito sine qua non, por los notorios inconvenientes que puede suponer para la atracción de médicos a las Baleares y por afectar al derecho de libre circulación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud”. Asimismo insiste en que, “aún valorando positivamente las últimas modificaciones introducidas con respecto al primer borrador que se nos entregó, nos hemos opuesto porque el decreto establece que será requisito necesario para el acceso a la carrera profesional en el IB-SALUT”.

Insiste el sindicato que agrupa a los facultativos de las islas en que “impedir el acceso a la carrera profesional por la ausencia de un certificado lingüístico es una medida que juzgamos arbitraria y desproporcionada. Impedirles el acceso a la valoración de esas circunstancias para poder progresar es inadmisible desde la perspectiva legal y sindical”.

Además, se muestran contrarios a “que la acreditación de conocimiento de catalán solo a través de determinados certificados”. Incluso en el Institut Català de la Salut, el organismo rector de la sanidad catalana, “quien no pueda aportar el certificado es admitido a los concursos de acceso a las plazas y el tribunal mediante una mera conversación puede considerar que se acredita el conocimiento lingüístico”.

Por último, insisten en que esta medida puede vulnerar el artículo 139.2 de la Constuticón, pues condiciona “el derecho a la movilidad y a la libre circulación de profesionales en el Sistema Nacional de Salud a través de concursos de traslados”.

Pero no sólo los médicos están en contra de este decreto, sino que también la mayoría de las asociaciones de pacientes, así como las de enfermos renales y trasplantados (Alcer) y la de personas con diabetes (Adiba) han mostrado su preocupación ante la medida. Así, el pasado mes de enero emitían un comunicado en el que aseguraban que jamás habían recibido queja alguna por el tema de la lengua o de la atención sanitaria en las islas.

“Muchos de los profesionales que nos atienden no son catalano parlantes y, hasta ahora, esto no ha sido ningún obstáculo ya que su trato es respetuoso, empático y muy digno”, explicaban en el comunicado.

Así, ante las posibles consecuencias que pueda tener el decretazo, fundamentalmente en la “huida” de personas de las islas ante la imposición del catalán, aseguran que “sabemos que las consecuencias van a recaer sobre nosotros y sobre nuestra salud, que las listas de espera se van a alargar y no queremos ver a nuestros profesionales estresados y quemados por la sobrecarga asistencial”, sostienen ambas asociaciones.

Creen, por tanto, que el derecho a la salud debe prevalecer sobre cualquier otro.

La situación ya ha empezado a “cobrarse” las primeras víctimas y, así, el pasado mes de enero dimitía la cúpula dirigente de la sanidad en Ibiza.

Detrás de este decreto está el PSOE y sus socios del Més, una coalición de partidos nacionalistas de izquierda próximos a ERC y al independentismo catalán y que se define como “pancatalanista”.