Laura Cánovas, especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas tras aprobar un concurso-oposición en el turno de reserva para personas con discapacidad, ha sido cesada de su puesto por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias, informa Servimedia. La decisión, emitida el 27 de noviembre de 2024, se basa en un informe de la Comisión de Evaluación Médica, que la declara "no apta" para desempeñar sus funciones debido a su sordera, sin contemplar la posibilidad de aplicar ajustes razonables.

Cánovas criticó la decisión, señalando que el criterio médico utilizado ignora su desempeño laboral durante cinco años, sin recibir quejas de sus superiores ni del centro educativo. Además, aseguró que esta resolución contradice las normativas nacionales e internacionales que promueven la inclusión laboral, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que exige adoptar medidas para garantizar la accesibilidad y el derecho al trabajo en igualdad de condiciones.

Respaldo de varias organizaciones

"Solo pido que se cumpla la ley y que se tengan en cuenta mi experiencia y capacidades", declaró Cánovas, quien ha presentado un recurso de reposición. Además, cuenta con el respaldo de varias organizaciones, entre ellas la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (Asorte) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que han calificado la situación de "discriminatoria".

El cese de Laura Cánovas no solo afecta su trayectoria profesional, sino que también supone un retroceso en los avances logrados en el ámbito del empleo inclusivo. Según las organizaciones que apoyan a Cánovas, la falta de aplicación de ajustes razonables perpetúa una barrera estructural que impide a las personas con discapacidad acceder y mantener un puesto en el empleo público.

"Este caso es un llamado urgente a las administraciones públicas para cumplir con sus obligaciones legales y éticas", señalaron las entidades, subrayando que esta resolución no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad que aspiran a una carrera profesional en igualdad de condiciones.