María Pastor, abogada, acerca del corte de suministros a los okupas tras el cambio de ley: "Se deben cumplir ciertas condiciones"

Mientras que el tiempo promedio de desalojo de okupas en Europa se concentra en cuestión de horas, en Francia y en Italia la media es de 48 horas, mientras que en otros territorios como Dinamarca, Alemania o Inglaterra es de un día, la realidad es que en España se encuentra entre los dieciocho y los veinticuatro meses. Un año y medio por norma general, aunque en muchas situaciones esta suma se alarga a los dos años. Nuestro país vecino, Portugal, también presenta unas condiciones similares a las nuestras, debido a su repertorio legislativo.

En el año 2018, la media de una acción de desalojo, en territorio español, por ocupación ilegal era de 11,7 meses de media. El año posterior a este el promedio ascendió hasta los 13,1 meses y, finalmente, en 2020 se consolidó el periodo en unos 16,7 meses. Sin embargo, fue en 2021 cuando los dieciocho meses antes mencionados se materializaron en una realidad. Otro dato alarmante de la increíble subida de este suceso es que el número de casos reportados cada vez es más elevado. En 2024 repuntó un 7,4% en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Unas cifras que un país como España no se puede permitir y que, por el momento, no parece que vayan a variar en exceso. El cambio más significativo llegó de la mano de abril con una reforma de ley que abogaba por la agilización de los desalojos. No obstante, todo pintaba mejor de lo que realmente resulto pues su aplicación no es la más esperada. Por el contrario, una duda que ha rodeado a los últimos procesos judiciales sentenciados ha sido la de si es legal cortar los suministros de la vivienda una vez los okupas están dentro. Mientras que hace unos meses la contestación era un no imperante, hoy en día ha cambiado.

¿Se pueden cortar los suministros a los okupas?

María Pastor, letrada de Vilches Abogados, explica en una publicación audiovisual la respuesta a esta pregunta. "Hasta ahora, por lo menos en España, el cortar los suministros a los inquilinos supondría, y sería constitutivo, de un delito penal, en este caso un delito de coacciones", indica la profesional. No obstante, apoyándose en la resolución de un juzgado de Barcelona, este castigo ya no sería considerado como tal. Pero puntualiza y señala las condiciones que han de cumplirse para operar dentro del marco legal de la actualidad.

Si estos requisitos no se consideran o se llevan a cabo de manera distinta a la expuesta a continuación sí podría ser tenido en cuenta como un delito. Por tanto, lo profesionales recomiendan tener cierta cautela antes de realizar acciones que puedan desencadenar consecuencias inesperadas. Al mismo tiempo, ante la duda lo mejor es contactar con expertos que puedan asesorarte sobre lo que debes o no hacer en cada caso específico. "No debes tomarte la justicia por tu mano ni realizar una desocupación forzosa", asegura.

Condiciones para cumplir con la legislación

En primera instancia, antes de tomar cartas sobre el asunto, lo importante es interponer una denuncia en la que se incluya el hecho de que la vivienda o el domicilio están siendo, en efecto, ocupados de manera fraudulenta. Una vez interpuesta se consideran los requisitos mencionados:

• El contrato de suministros no debe estar a nombre del inquilino y sí a nombre del propietario.
• Ha de ser la empresa suministradora la que corte los suministros pertinentes. Por tanto, el corte del suministro no puede suceder, en ningún caso, directamente por el propietario.