Un monte que produce y sostiene

Cuando se produce un incendio, no solo se quema un monte: se apaga una economía entera. Desaparecen productos forestales que sostienen empleo, cultura y paisaje, desde alimentos hasta fibras para biomateriales, desde la resina y el corcho hasta la madera de calidad. Recuperarlos exige algo más que las primeras labores de restauración: requiere planificación a largo plazo y presupuestos estables para una gestión multifuncional y multiproducto capaz de producir y, a la vez, mejorar suelos, agua, biodiversidad y la captura de carbono. Se trata de activar y poner en valor el verdadero «PIB del monte», los bienes y servicios que aportan a la sociedad y que deben ser sustento de las comunidades locales.

Gestión multifuncional significa mirar el bosque como un sistema que protege laderas y pueblos, regula el ciclo del agua, conserva especies y fija carbono, mientras genera riqueza y arraigo rural. Cuando el fuego arrasa, perdemos suelo fértil, se deteriora la calidad del agua y se rompe la continuidad en el ecosistema. Si el paisaje se simplifica y queda «desordenado» se vuelve más frágil y vulnerable ante sequías, plagas y nuevos fuegos, además de dificultar y encarecer cualquier aprovechamiento futuro.

La gestión multiproducto aprovecha, a lo largo del año, la diversidad del monte: madera y corcho, resina, castaña, setas y miel; pastos para la ganadería extensiva; caza gestionada y turismo de naturaleza. Cada uso mueve bioeconomía local, oficios, talleres, industria de primera transformación... Tras un incendio, ese tejido productivo se interrumpe y se ralentiza la recuperación de frutos, floración y hábitats polinizadores. Los productos forestales están en nuestra vida diaria, aunque pase desapercibido: madera en construcción y muebles, corcho en aislamientos, resinas en cosmética, alimentos del bosque en la despensa, los libros de nuestra estantería o biomateriales en nuestros coches o en los envases.

Para revertir situaciones como las vividas este verano, hacen falta empleos dignos y servicios de calidad en el medio rural, además de inversión productiva. La planificación del 56% del país que es el territorio forestal debe ser un objetivo compartido. Con un 72% de superficie forestal privada, no son suficientes ayudas o subvenciones. Debe canalizarse inversión en el capital natural, que permita a las empresas impulsar proyectos más allá de la compensación de CO₂, con creación de actividad y empleo e incentivos para los promotores que los hagan atractivos. Si hablamos de prevención de incendios, la inversión pública ha de priorizar los territorios más frágiles con un compromiso anual de intervención del 1% del monte en zonas estratégicas.

Existe un mecanismo intrínseco del sector forestal para la verificación de la gestión forestal activa y sostenible, la certificación forestal, que convierte la buena gestión en garantía comprobable de buenas prácticas forestales, origen sostenible y trazabilidad hasta el consumidor, mediante la cadena de custodia. Es una llave de confianza para la industria, la distribución y el consumo responsable.

Para el territorio supone una palanca que premia a quien lo cuida. La evolución del número y tipología de superficies certificadas en una comunidad autónoma permite hacer seguimiento y valorar del estado la planificación forestal y de su cumplimiento, y es una información sencilla de trasladar a la ciudadanía.

Para cerrar el círculo, los pagos por servicios ambientales deben retribuir a la propiedad por beneficios públicos como agua limpia, carbono almacenado y paisajes saludables. Así se consolida una bioeconomía circular que mantiene el monte vivo los doce meses.

Bosques más sanos, productos con futuro y pueblos con oportunidades, porque un bosque bien gestionado produce más y arde menos.

Ana Belén Noriega es decana-presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales