Las matrículas en Formación Profesional (FP) han aumentado notablemente en los últimos años y, tal y como dice la normativa, todo aquel que tiene matrícula, tiene que ir a una empresa a hacer prácticas. Este podría ser un fácil resumen de cuál es la situación problemática que se vive actualmente en el sector de la FP. Los docentes se muestran agotados e incomprendidos, y aseguran que se han hecho leyes que en muchas ocasiones, simplemente, no se pueden cumplir. A los profesores de estos estudios les cuesta cada vez más encontrar empresas que acepten alumnos para enseñarles un oficio, cuando esto es una parte obligatoria del curso escolar. Y cuando cada vez hay más alumnos y más horas de prácticas en los grados.

Hasta este año, la normativa establecía que solo los estudiantes de segundo curso, es decir, del último, tenían que hacer prácticas en una empresa para obtener el título. Si bien esto ya era un problema, desde que entró en vigor la Ley Orgánica 3/2022, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, los alumnos de primer curso también tienen una parte del horario lectivo destinado a formarse en una compañía. En algunas ocasiones, estos alumnos tienen 17 años. O, lo que es lo mismo, no han trabajado antes y no poseen, por ejemplo, número de la Seguridad Social.

Los trámites burocráticos recaen en los docentes; las empresas no pueden (o no quieren) dar respuesta a tanta demanda; y este sistema formativo, que nació con el fin de garantizar que los jóvenes tuvieran un contacto directo con las profesiones antes de acabar la titulación, parece asfixiarse.

Según el último Observatorio de la Formación Profesional realizado por CaixaBank Dualiza, con datos del Ministerio de Educación, «en los últimos cinco cursos la Formación Profesional presenta un crecimiento sostenido. Desde el curso 2017-2018, se observa que hay más de 800.000 estudiantes. Actualmente, esta cifra llega a 1.080.963. En España el porcentaje de estudiantes matriculados en FP, sobre el total de los matriculados en enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Grados Universitarios), es del 34,74%.

En 2022 se empezó a gestar una nueva regulación para esta educación, con el fin, entre otras cosas, de implementar más parte práctica. Hasta ahora, en el segundo curso había una asignatura titulada Formación en Centros de Trabajo (FCT), que consistía en llevar a cabo prácticas en una compañía en un período de tiempo concreto y determinado. Con la nueva ley, esta asignatura quedó eliminada, y la formación en empresas pasó a concebirse como algo más continuado y extensible a todo el curso escolar, y a todos los cursos.

M.G.A. es profesora de FP, concretamente de la rama sanitaria y en un centro público de la Comunidad de Madrid. Pide mantener el anonimato, pues tal y como asegura para LA RAZÓN, la situación es tensa y compleja. «Antes, las empresas solo tenían a un alumno de prácticas de marzo a junio, que era el rango de tiempo en el que iban los de segundo curso. Ahora, como también tienen que ir los de primero, las compañías tienen prácticamente todo el año a un estudiante allí», explica. Apunta entonces que «las instituciones que colaboran con centros públicos no tienen ninguna recompensación económica por esto», y hay que pensar que tiene que ir un alumno a estar allí tres meses. «Y el estudiante necesitará que alguien esté pegado a él como si fuera su sombra. La gente de esas empresas lo que hace es formar a al alumnado, y eso lleva trabajo». Y es que el artículo 61 de la ley La Orgánica 3/2022 establece que «cada persona en formación tendrá asignado un tutor o tutora dual de empresa».

Según explica esta docente de la capital, al aprobarse la nueva legislación, las autoridades dieron a las comunidades autónomas un margen de dos años para que se adaptaran a los nuevos requisitos. Sin embargo, «la realidad es que Madrid, y otras muchas, no habían hecho nada con esta ley nueva y llegó septiembre. No teníamos una buena hoja de ruta y el curso empezó así», añade.

M. cuenta que conseguir empresas que acogieran a sus estudiantes ha sido «una pesadilla»: «Mandé casi 300 correos electrónicos y casi todas las respuestas eran la misma: no cogemos a gente de prácticas o ya tenemos a todos los que podemos. Si no hay hueco, ¿qué hacemos con ellos? No pueden titularse si no van a prácticas», recuerda. Desde el centro intentaron reclamar a la administración, pero la respuesta que obtuvieron fue que se apoyaran en el centro educativo y en el departamento de sanidad. «Nadie tiene una alternativa para aquellos que no han tenido hueco en una empresa. Sé que ha habido reuniones y que lo que se ha dicho básicamente ha sido que este año lo pasemos como podamos. Que al año que viene, la gente que pase a segundo ya hará prácticas ahí. Pero esto no va a solucionar el problema, seguirán faltando empresas», se lamenta esta profesora, que en su jornada laboral, tiene solo tres horas semanales para realizar gestiones relativas a la formación en empresas.

S.F.D. también es profesora de FP, en un centro público de Castilla y León. Al igual que la anterior entrevistada, pide conservar el anonimato por miedo a repercusiones en su puesto de trabajo. En línea con lo que apuntaba arriba M., esta docente asegura que «en Castilla y León la normativa va saliendo a cuentagotas. La ley se hizo en 2022 y a día de hoy todavía estamos recibiendo información nueva relativa a la formación en empresas».

S. considera que la nueva legislación «parece que no la ha hecho un docente, sino un administrativo que cuenta con un mundo ideal», porque, explica, «solo en un mundo así podría aplicarse la normativa por completo».

Esta entrevistada lamenta que los problemas para gestionar las prácticas de alumnos en empresas sean muchos y variados. Según la normativa, si alguien no cumple los requisitos oportunos para ir a formarse a una empresa, «tienes que darle tantas oportunidades y evaluaciones como hagan falta para que pueda acabar yendo a esas prácticas. Hay alumnos que no vienen a clase, que no desarrollan sus capacidades para trabajar en equipo… ¿Cómo género que tengan oportunidades para ir a una empresa? No se define», dice esta profesora. Otra de las novedades de este curso es que ahora, según si el centro es privado o público, los trámites de alta en la Seguridad Social pueden realizarlos tanto la empresa donde se formará el alumno como la administración: «Para hacer esta gestión, la administración pone a los centros públicos unos plazos muy cerrados. Exige, por ejemplo, que antes del 23 de mayo todos los alumnos hayan terminado el resto de asignaturas para poder dedicarse solo a las prácticas». Recuerda a su vez que, con los alumnos de primero «hay grandes problemas porque muchos no tienen número único de la Seguridad Social. Hace poco, la Junta de Castilla y León subió un documento explicando cómo pueden los estudiantes conseguir su número. Lo suben ahora, cuando ya hemos tenido que gestionar nosotros ese trámite. Es una prueba más de lo tarde que van», lamenta S.

También en relación con los plazos, la docente cuenta que les exigen mandar con un mes de antelación todos los datos de los alumnos para que se les pueda dar de alta: «Es imposible. Veo compañeros que no pueden entregar toda la documentación necesaria hasta el mismo día en el que el alumno arranca las prácticas».

Respecto a la falta de empresas que acepten estudiantes, S. explica que, en su centro, y en la mayoría, toman como prioridad llevar a prácticas a los alumnos de segundo curso, que son los que tienen que acabar su ciclo. Y después, si se puede, mandar a los de primero. «Pero hay modalidades en las que esto es imposible. En Informática, por ejemplo, no puedes mandar a ninguna empresa a alguien de primero, porque ninguna quiere», asegura. El problema es que, según la ley, cuando el alumno se matricula en una FP, debe estar informado de si va a tener prácticas en primer curso, en segundo, y en qué posibles empresas. «¿Tú te crees que en junio a mí me va a decir una empresa lo que va a hacer en marzo? ¿Y que ya en ese momento va a firmar algo? Nos obligan a dar una información que no va a ser real», critica la entrevistada. Según cuenta, tampoco se establece nada para generar vínculos entre centro y empresas.

En definitiva, ambas docentes plantean la necesidad de revaluar si, realmente, «chavales de 17 años» están preparados (en todos los casos) para ir a una empresa, y aseguran que se necesita «una ley que se pueda aplicar realmente en las aulas».