Tribunales

Orden de detención del salesiano condenado por abusar de seis menores en Vigo

Le acusa de huir para sustraerse a la acción de la Justicia y eludir las penas impuestas

Silencio e impunidad, la sombra de los abusos en la Iglesia latinocamericana
Silencio e impunidad, la sombra de los abusos en la Iglesia latinocamericanaJosé MéndezAgencia EFE

La Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, encargada de la ejecución de la sentencia en la que condenó a 32 años y medio de cárcel a un sacerdote de un colegio de Vigo por abusar de seis menores, ha emitido este viernes un auto en el que ha acordado expedir las órdenes de detención e ingreso en prisión de ámbito nacional e internacional del salesiano.

El tribunal destaca en la resolución facilitada a la prensa que, según el informe remitido por la Guardia Civil de Cambados (Pontevedra), ha huido con la única intención de sustraerse a la acción de la justicia y evitar el cumplimiento de las penas privativas de libertad a las que fue condenado.

Las magistradas explican en el auto que el salesiano no se presentó de forma voluntaria en un centro penitenciario tras expirar el plazo de tres días que le concedieron el pasado 23 de febrero, por lo que, el día 27, acordaron la remisión de una orden de detención e ingreso en prisión. El 13 de marzo, la Guardia Civil de Cambados comunicó al tribunal la imposibilidad de dar cumplimiento a esa orden al no haber sido localizado en su domicilio.

La Audiencia, tras recibir el informe, ha acordado expedir las órdenes de detención e ingreso en prisión de ámbito nacional e internacional, las cuales deberán ser incluidas en el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ) para su plena efectividad.

Además, ha requerido a la Comunidad Colegio María Auxiliadora Salesianos, que prestó el día 30 de abril de 2020 una fianza de 12.000 euros para garantizar la libertad provisional del sacerdote, que, en su condición de entidad fiadora, en el plazo de diez días presente al condenado ante la Audiencia Provincial de Pontevedra para la ejecución de la sentencia.

Las juezas indican que, en caso de no hacerlo, adjudicarán la fianza al Estado, informa Efe.