Yolanda Díaz vuelve a la carga contra la sanidad privada y sale escaldada

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) muestra su rechazo a la medida propuesta en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024 por la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la que aboga por la supresión de la exención del IVA a la sanidad privada.

En este sentido, la patronal del sector recuerda que, de acuerdo con el artículo artículo 132 de la Directiva 2006/112 del Consejo de Europa, se establece un marco común relativo al sistema del IVA, y se indica que "entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que la Directiva del IVA trata como exentas, se sitúan las de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, las de servicios médicos prestados por profesionales y las de servicios protésico-dentales". Aún así, la misma directiva establece algún margen de aplicación con matices técnicos en la aplicación por cada Estado miembro.

"Entrando a analizar el derecho comparado entre los Estados Miembros, existe una elevada armonización y ninguno de los grandes países de la Unión Europea introduce limitación alguna a la exención. Países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumanía, Bélgica o República Checa aplican la exención a servicios prestados por entidades sanitarias de igual forma que a las entidades públicas", asegura ASPE en un comunicado.

De hecho, recuerdan que, cuando en octubre de 2020 ya surgió la posibilidad de que el Gobierno de coalición anterior tuviera en estudio eliminar la exención del IVA para la sanidad privada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, terminó alejando esa posibilidad.

"La propuesta de Yolanda Díaz quiere dejar a España fuera de la armonización europea, perjudicando a su población y a sus empresas frente al conjunto de la población restante de la UE", ha criticado ASPE.

La patronal considera que este posicionamiento de la vicepresidenta Díaz responde a "cuestiones ideológicas que dejan a un lado los números y los hechos".

"La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que, en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública", señala el presidente de ASPE, Carlos Rus.

El encarecimiento de la sanidad privada que provocaría la supresión de la exención del IVA previsiblemente trasladaría hacia el sistema público a millones de usuarios que actualmente no hacen uso de los recursos públicos, o lo hacen parcialmente.

"El ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertiría a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendría que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarían a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz", señala Rus.

"Aplicar el 21 por ciento de IVA a los servicios sanitarios privados significa gravar a los pacientes que utilizan los servicios sanitarios", apunta el presidente de ASPE. "Hay que regular para favorecer el mejor servicio posible a los pacientes, no justo en dirección contraria. Es momento de sumar esfuerzos, no de poner trabas precisamente a quien contribuye a crear un Sistema Nacional de Salud más sostenible y accesible", concluye Carlos Rus, informa Ep.