Empleo

Nueva regulación en el despido por discapacidad sobrevenida

El CERMI propone al Ministerio de Trabajo que se garantice que el fin de la relación contractual con la empresa no es discriminatoria

El CERMI tiene como objetivo aumentar la seguridad laboral de este colectivo
El CERMI tiene como objetivo aumentar la seguridad laboral de este colectivoAlberto R RoldánLa Razón

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Trabajo y Economía Social propuestas para que la nueva regulación del despido por discapacidad sobrevenida no sea discriminatoria. Así lo ha dado a conocer la institución en un documento de aportaciones a la consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de despido.

Entre las consideraciones que, según el comité deben tenerse en cuenta en la modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de despido, señalan el «no poder producirse de forma automática la extinción del contrato de trabajo por la declaración de la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez».

Asimismo, en el informe elaborado el CERMI se ha manifestado expresamente la necesidad de que se garantice «siempre» la voluntad de la persona trabajadora de querer mantener la relación laboral en la empresa, de modo que, si este empleado manifiesta su voluntad de no continuar, se operaría automáticamente la extinción del contrato.

Otra de las propuestas es especificar en el artículo qué se entiende por el concepto «carga excesiva». Por último, el documento también reflexiona sobre otras dos cuestiones a tener en cuenta para tener la ofrecer máxima seguridad jurídica a este colectivo de trabajadores. La primera cuestión de las planteadas hace referencia a la necesaria reforma de la compatibilidad del trabajo y una pensión.

La segunda cuestión hace referencia a la propuesta de actualización del concepto de «ajustes razonables» para clarificarlo, regular sus contenidos mínimos, establecer una concepción objetiva, para que sean respetuosas con el principio de igualdad e incentiven la eliminación de desventajas hacia personas con discapacidad.